- Se dictó decisión mediante la cual se declaró competente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer en primer grado de Jurisdicción de la demanda de nulidad intepuesta por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Pepsi-Cola Venezuela, C.A., contra la Autorización de Liquidación de Divisas, emitida por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), unicamente a lo que respecta a la tasa de cambio aplicada a dicha operación; se declaró inadmisible dicha demanda por haber operado la caducidad.

- Se dictó y publicó decisión mediante la cual se declaró competente a la CSCA para conocer en primer grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Alimentos Polar Comervial, C.A. contra la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) Nº 2192758, emitida por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), únicamente con respecto a la tasa de cambio aplicada a dicha operación; INADMISIBLE la referida demanda de nulidad por operar la caducidad de conformidad con el artículo 35 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 32 numeral 1 eiusdem.

- Se dictó y publicó decisión mediante la cual se declaró competente a la CSCA para conocer en primer grado de jurisdicción la demanda de nulidad interpuesta por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Alimentos Polar Comervial, C.A. contra la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) Nº 2171274, emitida por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), únicamente con respecto a la tasa de cambio aplicada a dicha operación; INADMISIBLE la referida demanda de nulidad por operar la caducidad de conformidad con el artículo 35 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 32 numeral 1 eiusdem.

Auto mediante el cual se providenció el escrito de exposiciones consignado durante la Audiencia de Juicio celebrada el día veinticuatro (24) de abril de 2012, por el abogado Tomás Eguidazu Bollegui, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Tomás Eguidazu Arrien, el expediente contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Rafael Badell Madrid, Nicolás Badell Benítez y María Verónica Bastos Pargas, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Sanitas Venezuela, S.A., en el expediente contentivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los prenombrados abogados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la mencionada sociedad mercantil, contra la resolución número s/n de fecha 29 de julio de 2008, dictada por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de diciembre de 2011 por la abogada Alcira Gélvez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana DIANA CAROLINA VEGAS PEÑA, contra el auto de fecha 14 de diciembre de 2011 dictado por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró inadmisible las pruebas promovidas por la parte recurrente. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia: 3.- CONFIRMA el auto apelado en los términos expuestos en el presente fallo.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CORRIGE el error material involuntario cometido en la sentencia Nº 2010-01099 de fecha 3 de enero de 2010, en la cual se hizo mención al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, cuando lo correcto era referirse al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.

1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de abril de 2004 por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, contra el informe proferido en fecha 20 de febrero de 2004 por el experto contable Marcos Romero Marín, en virtud de que el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, consideró que la representación del mencionado Ministerio "expuso su disconformidad en virtud de estimar que los cálculos son excesivos y si bien es cierto, no expresó que ejercía recurso ordinario de apelación, también lo es, que pretende una nueva revisión del mismo". 2.- Se ANULA el auto y todas las actuaciones violatorias del orden público procesal subsiguientes al auto de fecha 24 de mayo de 2007. 3.- Se ORDENA REPONER al estado de que se constituyan los peritos de conformidad con el contenido in fine del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto, por el abogado Jaiker Mendoza, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 27 de febrero de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la querella interpuesta por el ciudadano JOEL ALEJANDRO SOSA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación. 3.- Se REVOCA la sentencia apelada. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia: 4.1.- IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad de la Resolución Nº 008791. 4.2.- PROCEDENTE el pago de las prestaciones sociales del querellante.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por las abogadas Ofelmina Lozano Vargas y Yamileth Albornoz Belmonte, contra la sentencia dictada el 29 de octubre de 2007, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte querellantey 3.- CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 29 de octubre de 2007, que declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 8 de agosto de 2007 por el apoderado judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Sur en fecha 6 de agosto del mismo año, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ISMAEL RAMÓN SILVA MEJÍA, debidamente asistido por el abogado Alcide Urbina García, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. En consecuencia, se CONFIRMA en los términos expuestos la sentencia apelada.