Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: - La reanudación de la presente causa al estado de que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia contemplado en el artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; previa notificación de las partes.

LA CORTE declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y, subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos, por el abogado Héctor José Galarraga Giménez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR y el ciudadano Rector ENRIQUE AURELIO PLANCHART ROTUNDO, contra la Providencia Administrativa Nº 24-05-11-006-PA dictada en fecha 13 de noviembre de 2011 por el DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE; 2.- ADMITE la presente acción en los términos expuestos; 3.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; 4.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que éste se pronuncie sobre la caducidad.

Esta Corte acuerda reconstituir a derecho a las partes, para lo cual se ordena su notificación, y la reanudación de la misma al estado de que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia contemplado en el artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en el entendido que una conste en actas la última de las notificaciones ordenadas, mediante auto expreso y separado se fijará el lapso de 10 días de despacho más el termino de la distancia que haya lugar, para que la parte apelante presente por escrito las razones de hecho y de derecho en las que fundamente su recurso, así como las pruebas documentales que tenga a bien hacer valer, y ordena notificar del contenido del auto de abocamiento al conocimiento de la presente causa recaído en fecha 16 de enero de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 39 ejusdem. Así se decide.

LA CORTE dictó decisión mediante la cual acordó requerir al Tribunal a quo información relacionada con la firmeza del fallo dictado el 27 de septiembre de 2011, dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos la notificación practicada al mismo sobre el presente requerimiento, ello en aras de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes y de brindar la tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 26, 49, 257 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al momento de emitir su decisión.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ÁNGEL LUIS PÉREZ, en contra del auto de fecha 16 de julio de 2009, dictado por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, que declaró inadmisible la Prueba de Informe promovida por el recurrente, contra el MUNICIPIO SANTA BÁRBARA DEL ESTADO MONAGAS.2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. En consecuencia, queda FIRME el auto apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de diciembre de 2011, por la abogada Maira Landaeta actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos ILDEMARO JOSÉ REQUENA HERNÁNDEZ, PEDRO ELÍAS VILLAPRADO MENDOZA y JUNIOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ LEÓN, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua en fecha 8 de diciembre de 2011, mediante la cual declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta por los referidos ciudadanos contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA. 2.-SIN LUGAR el recurso de apelación. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

LA CORTE dictó sentencia mediante la cual declaró El decaimiento del objeto en la recusación formulada.