LA CORTE SE DECLARÓ COMPETENTE para conocer de la apelación de la sentencia que declaró sin lugar la acción de amparo ejercida junto con solicitud de medida cautelar innominada, contra los actos administrativos contenidos en oficios de fechas 11 y 22 de septiembre de 2003, emanados de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y FOMENTO MUNICIPAL (FUNDACOMÚN). REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo Contencioso-Administrativo de la Región Capital, en fecha 23 de marzo de 2004, que declaró sin lugar la acción de amparo ejercida junto con solicitud de medida cautelar innominada. INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida junto con solicitud de medida cautelar innominada

LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional por los abogados Omar Florencio Labrador Chacón y Golmer José Vivas Lindarte, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano CRISTIAM VARGAS USECHE, contra la Providencia Administrativa Nº 21-02 de fecha 2 de septiembre de 2002, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TÁCHIRA, que declaró con lugar la solicitud de calificación de faltas incoada por la sociedad mercantil HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE, C.A. (HIDROSUROESTE), contra el referido ciudadano. ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

LA CORTE Se declara COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 6 de septiembre de 2004 por la parte recurrente. Se declara IMPROCEDENTE el desistimiento tácito del recurso de apelación ejercido por la parte querellante por existir violación de normas de orden público. ANULA la sentencia apelada dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental en fecha 26 de agosto de 2004, en la cual declaró inadmisible la demanda interpuesta por el abogado Fernando Valero Borras, Se declara INCOMPETENTE para conocer del fondo de la presente causa. ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado.

LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENCIA sobrevenida para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano HERMES VARGAS PONCE, actuando en representación de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA ORIENTAL DE FALCÓN (CORFAL), asistido por el abogado Nelson Pérez Marín, contra la Providencia Administrativa N° 19 de fecha 12 de junio de 2001, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS PUERTO CABELLO Y JUAN JOSÉ MORA DEL ESTADO CARABOBO, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana ROSA HAYDEE SALAS RIERA, contra la referida Corporación; ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa

LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los abogados Alejandro Disilvestro C., Manuel Alonso Brito, Eiryz Mata Marcano y Yanet C. Aguiar, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS, contra la Providencia Administrativa N° 07/2002 de fecha 17 de junio de 2002 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS, la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por los ciudadanos JOSÉ ANTONIO IRIARTE y OSCAR PEDRO LÓPEZ PÉREZ, contra la referida sociedad mercantil.ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

La Corte NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital y ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado.

LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENCIA sobrevenida para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos del acto impugnado, por la ciudadana GLADYS BERMÚDEZ DE STELLA, asistida por el abogado Jesús Joaquín Campos Gómez, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 204 de fecha 19 de marzo de 2001 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS, la cual declaró con lugar la solicitud de calificación de despido incoada por la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A., contra la referida ciudadana. ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

LA CORTE REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 31 de marzo de 2004, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta. INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional interpuesta.

LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional por los ciudadanos DANIEL LEÓN y ALCIDES Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: HERNÁNDEZ, asistidos por la abogada Nancy del Pilar Cadenas Briceño, contra la Providencia Administrativa N° 39-2001 de fecha 2 de octubre de 2001, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS PUERTO CABELLO Y JUAN JOSÉ MORA DEL ESTADO CARABOBO, que declaró "improcedente in limine litis" la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por los referidos ciudadanos, contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN INLACA, C.A;.- ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa

La Corte declaró SIN LUGAR la apelación ejercida contra el fallo que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo del a quo.