En esta misma fecha, este Juzgado dictó Resolución declarando competente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer la presente demanda de nulidad ejercida conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, admitiendo la misma cuanto ha lugar en derecho.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la abogada Marisela Cisneros Añez, ctuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ ANGEL REQUENA, contra la decisión dictada en fecha 28 de mayo de 2014, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el prenombrado ciudadano contra la ALCALDÍA METROPOLITANA DEL DISTRITO CAPITAL; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3.- FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró:1.- SIN LUGAR la reposición de la causa solicitada por la representación judicial de la sociedad mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.); 2.- DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Ricardo Enrique Antequera Hernández y María Alejandra Castillo González, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 16, de fecha 1 de febrero de 2013, dictada por el SERVICIO AUTÓNOMO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), mediante el cual se otorgó a la sociedad mercantil ANM 2000, C.A., el registro marcario Nº P325594 (solicitud de registro Nº 2011-021592, clase 24), correspondiente a la marca "SARATEX".

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Ratifica la COMPETENCIA para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano Luis Alberto Rivero Cudemus, titular de la cédula de identidad Nº 2.933.331, actuando con el carácter de representante legal de la sociedad mercantil INVERSIONES MUKAREN C.A., asistido por la abogada María Alejandra Ríos Gourmeitter, contra el acta de fiscalización N° 12 de fecha 24 de marzo de 2004, emanada de la Dirección General de Fiscalización y Sustanciación del Consejo Nacional de la Vivienda, -hoy BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH). 2. DESISTIDO el procedimiento de autos. Se ordenó notificar y archivar el expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.-Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2.-Declaró CON LUGAR el referido recurso 3.- ANULA el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental 4.- Declaró CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Carlos Alberto Rivero Arrieche, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA. En consecuencia: 4.1.- Se ordena a la parte querellada proceda al pago de los montos adeudados por concepto de sábados y domingos efectivamente laborados por el querellante, así como la jornada nocturna de los referidos días, correspondientes a los años 2003 y 2004. 4.2.- Se ordena el pago de la indexación monetaria sobre los montos adeudados. 4.3.- Se ordena realizar una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por las ciudadanas ELVIA CELINA NIEVES MEDINA y DILCIA NAZARETH CONTRERAS ARTEAGA, titulares de la cédula de identidad Nros 4.391.503 y 13.874.991, asistidas por el abogado Simón Arreaza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 121.814, contra la Resolución Nº 0001-2013, de fecha 31 de julio de 2013, emanada de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT DEL ESTADO GUÁRICO.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- REVOCA PARCIALMENTE la decisión proferida por el Juzgado de Sustanciación de esta Instancia Jurisdiccional en fecha 16 de diciembre de 2013, solo en lo que se refiere a la admisión de la demanda de nulidad interpuesta. 2.- INADMISIBLE la demanda de nulidad interpuesta por haber operado la caducidad de la acción.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida el 10 de noviembre de 2005, por la ciudadana MILENA ORTÍZ DE GROSSO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central el 26 de octubre de 2005, en el caso seguido contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA (CORPOSALUD ARAGUA). 2.- SIN LUGAR la apelación. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- ORDENÓ remitir el presente cuaderno de medidas, al Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines que proceda inmediatamente a efectuar los trámites pertinentes a objeto de ejecutar la medida cautelar innominada y en consecuencia se proceda al bloqueo de las cuentas a nombre de la sociedad mercantil La Venezolana de Seguros y Vida, C.A., en la entidad bancaria "Mercantil C.A. Banco Universal".2.- ORDENÓ notificar de la presente decisión, a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, al Ministro del Poder Popular para la Economía Finanzas y Banca Pública y a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Asimismo, se ordenó publicar, registrar, notificar, dejar copia certificada de la presente decisión y remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el abogado Pedro López Navarro, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES MONTERO, C.A., contra la Providencia Administrativa Nº DNPA/DS/2015/00769 de fecha 23 de abril de 2015, emanada de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE), mediante la cual le impuso una sanción de multa por veinte mil Unidades Tributarias (20.000 U.T.), a la referida empresa.