En la recusación realizada en fecha 27 de octubre de 2009, por el Abogado Omar Sánchez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Hidrobolívar C.A., contra la Abogada Betti Ovalles, en su condición de Juez Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, para conocer del recurso de nulidad interpuesto por la prenombrada Sociedad Mercantil contra la Inspectoría del Trabajo "Alfredo Maneiro" de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer de la recusación realizada 2. Sin lugar la recusación planteada

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por el Municipio Chacao del estado Miranda, contra la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Estado Miranda (DIRESAT) del Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laborales (INPSASEL), se dictó auto por medio del cual esta Corte ORDENA al Juzgado A quo, remitir en el lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a la notificación, copia del acto administrativo contenido en la comunicación signada con el Nº 0040-10 de fecha 27 de enero de 2010, dictada por la referida Dirección.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la ciudadana MILAGROS HERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ, debidamente asistida por el Abogado Efraín Pérez, en contra del acto administrativo s/n de fecha 30 de septiembre de 2009, notificado en fecha 8 de octubre del mismo año, emanado de la OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓN GRAN MARISCAL DE AYACUCHO (FUNDAYACUCHO), esta Corte dicto sentencia mediante la cual declaró: DESISTIDO el procedimiento del recurso interpuesto.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado Carlos Hernández, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana Cruz Elvira Hernández Martínez, contra el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), se dictó auto por medio del cual esta Corte ORDENA al Presidente del referido instituto, remitir en el lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la notificación, copia certificada de la resolución Nº 006-017 de fecha 28 de marzo de 2006, suscrita por los miembros de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), así como de su correspondiente notificación debidamente recibida por la querellante y todo aquel documentos del cual se evidencie la ejecución efectiva y material de lo dispuesto en el fallo apelado.

En el recurso de hecho interpuesto por la Abogada Francy Becerra, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Pedro Suárez Pérez, contra el auto dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, esta Corte dictó auto que declaró: ORDENA al mencionado Juzgado Superior, remita a esta Corte, dentro de un lapso no mayor a diez (10) días de despacho, contado a partir de su notificación, copia certificada del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Pedro Suárez Pérez contra la Dirección de Educación del Estado Táchira, así como el cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 6 de septiembre de 2004 hasta el 19 de octubre de 2004.

En el recurso de hecho interpuesto por el Abogado Abel Echenique, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Daniel José Málaga Madruga, contra el auto dictado en fecha 29 de febrero de 2012 por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil (Bienes) de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, que declaró extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en fecha 9 de enero de 2012 contra la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 22 de septiembre de 2011, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de hecho interpuesto 2. Inadmisible el recurso de hecho interpuesto.