Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró:1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el abogado Gustavo Pinto Guaramato, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano FRANCISCO JOSÉ MORENO RENGIFO, titular de la cédula de identidad N° 6.927.219, contra la decisión dictada en fecha 21 de enero de 2008, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3.- FIRME el fallo apelado. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Siendo que no se demostró en forma alguna el dispendio por parte de la Administración de los conceptos solicitados por el recurrente, ni tampoco logró desvirtuar los alegatos explanados por el mismo, es por lo que este Órgano Jurisdiccional concuerda con lo dispuesto por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, en su decisión de fecha 24 de octubre de 2011, en la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, ordenando en consecuencia el pago de los conceptos solicitados a partir del 15 de marzo de 2008 hasta el 28 de octubre de 2009, razón por la cual esta Alzada, confirma la sentencia objeto de la presente consulta.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte recurrente contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 15 de octubre de 2012, mediante la cual declaró parcialmente con lugar, el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por la ciudadana ARDITH MARÍA TOLOZA SILVA, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMÓ, el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decision mediante la cual declaró:ordena notificar a la abogada Betty Josefina Torres Díaz, a los fines de que, en el lapso de cinco (5) días de despacho siguientes, contados a partir de que conste en autos la notificación del presente auto, manifieste expresamente el mecanismo de autocomposición procesal que considere idóneo y en tal sentido consigne la correspondiente autorización de la Consultoría Jurídica de la sociedad mercantil Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE). Asimismo se ordenó notificar a la ciudadana Jenny Yazmín Daza San Juan, a la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA y al recurrente que constituya una fianza otorgada a favor de la ciudadana Jenny Yasmin Daza Sanjuán.

Por las razones antes señaladas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: 1.- PROCEDENTE la solicitud de suspensión de la causa peticionada por el abogado Angel Y. Sánchez R., actuando en su carácter de representante judicial de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL (CORPOELEC), respecto de la demanda de ejecución de fianza incoada en contra de las sociedades mercantiles ASEGURADORA NACIONAL UNIDA DE SEGUROS, S.A., (UNISEGUROS) y CONSTRUCTORA SURCO, C.A. 2.- Se ACUERDA la suspensión de la causa por un lapso de ciento ochenta (180) días continuos.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 10 de febrero de 2012, la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Maximiliano Hernández y Maryuri Meza, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil KING OCEAN SERVICE DE VENEZUELA, S.A., contra la Providencia Administrativa Nº 253-09 de fecha 28 de abril de 2009, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la mencionada ciudadana. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- SE CONFIRMA la sentencia impugugnada. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de mayo de 2009, por el Apoderado Judicial del tercero interviniente en el presente juicio, ciudadana Marlys Rodríguez, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental en fecha 1º de abril de 2009, que declaró Con Lugar el recurso de nulidad interpuesto por la Sociedad Mercantil PROAMBIENTE S.A., contra la Providencia Administrativa Nº 00202-07, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS. Esta Corte dicto sentencia mediante la cual declaró: 1. DECLARA la nulidad parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 14 de abril de 2011; 2. ORDENÓ la reposición de la causa al estado que la Secretaría de esta Corte notifique a las partes para que se dé inicio a la relación de la causa.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 2 de octubre de 2009 por la Abogada Karol Gómez, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Procuraduría General del estado Trujillo, contra la sentencia dictada en fecha 15 de mayo de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró Sin Lugar la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Inspectoría del Trabajo con sede en Valera, estado Trujillo, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. El Decaimiento del objeto en el recurso de apelación ejercido

En la declinatoria de competencia efectuada el 12 de diciembre de 2012, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y de Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, de la demanda por cobro de bolívares interpuesta conjuntamente con medida cautelar de embargo provisional, por el Abogado Gustavo Romero, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Asociación Cooperativa SERACOOP II R.L; contra la FUNDACIÓN DE DESARROLLO ENDÓGENO DE COOPERATIVAS ALIMENTICIAS (FUNDECA). Esta Corte dicto sentencia mediante el cual declaró: 1-.INCOMPETENTE, para conocer de la demanda por cobro de bolívares interpuesta; 2.- PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; 3.- Ordena REMITIR el presente expediente a la Sala Plena del mencionado Tribunal.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de mayo de 2009, por la Abogada Aura Rincón, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano RANGEL MONTES, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 30 de abril de 2009, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S), esta Corte dictó sentencia que declaró: ORDENA la reposición de la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones libradas por la Secretaría de esta Corte a las partes y por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa