En la demanda de nulidad interpuesta por la ciudadana ANTONIA MARÍA MÁRQUEZ ROJAS, asistida por los Abogados José Aníbal Márquez Romero y Héctor Aponte, contra el CUERPO DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO ARAGUA. Esta Corte declaró: 1.- LA NULIDAD del auto dictado en fecha 30 de enero de 2014, así como el cómputo practicado por la Secretaria de esta Instancia Superior y 2.- REPONE la causa al estado que la Secretaría de esta Corte notifique a las partes para que se dé inicio al lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en autos la notificación de la misma.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó decisión en la cual declaró la NULIDAD PARCIAL del auto emitido en fecha 02 de febrero de 2017, así como la nulidad de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, dejándose válido el escrito de fundamentación de la apelación, las reconstituciones de la Corte y el pase a Ponente; REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación interpuesta y SOLICITÓ a la Universidad de Oriente (UDO), a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo, informen cuáles autoridades formaron parte del proceso de aprobación de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010. Esto deberá ser consignado dentro del lapso de diez (10) días de despacho, mas cinco (5) días continuos como término de la distancia, contados a partir de la constancia en autos de haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas.

En la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada de suspensión de efectos por los Apoderados Judiciales de la ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO INICIAL PRADOS DEL ESTE contra el acto administrativo en el acta de fiscalización S/N dictado el 5 de octubre de 2016, por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE). Esta Corte declaró: 1.- ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA 2.1. ORDENA de conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa la práctica de las notificaciones 2.2. ORDENA requerir al Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), los antecedentes administrativos del caso. 3. ORDENA remitir el presente expediente a la Secretaría de esta Corte a los fines de que continúe con el procedimiento de Ley, así como de realizar la apertura del cuaderno separado a los fines de la tramitación de la medida cautelar innominada.

En los recursos de apelación interpuestos en fechas 27 de octubre de 2008 y 19 de febrero de 2009, por la Representación Judicial de la parte querellante y por el Apoderado Judicial de la Procuraduría General del estado Bolivariano de Miranda, contra la sentencia de fecha 21 de febrero de 2008, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar la querella funcionarial interpuesta por NELSON GILBERTO VIVAS contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de los mismos. 2. DESISTIDO el recurso de apelación incoado por la Representación Judicial de la parte querellante. 3. CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la Representación Judicial del órgano recurrido. 4. REVOCÓ la sentencia apelada. 5. SIN LUGAR el querella funcionarial.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar, por el Abogado Luis Antonio Ochoa, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano MANUEL ALFREDO VÁSQUEZ GARCÍA, contra la GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, esta Corte declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. Conociendo por Orden Público, se ANULA conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión, el dispositivo del fallo dictado en fecha 24 de octubre de 2016, así como el texto integro del mismo dictado en fecha 9 de noviembre de 2016. 4. Se ORDENA al Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, pronunciarse en relación a las demás causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en la cual declaró Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 29 de septiembre de 2003, por la Abogada Libna Mota Reina, Representante Judicial del Ciudadano Elvis Mellys Vanegas, contra la sentencia dictada en fecha 7 de abril de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, mediante el cual se declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ELVIS MELLYS VANEGAS QUEVEDO, contra el MUNICIPIO AUTÓNOMO JUAN JOSÉ MORÓN DEL ESTADO CARABOBO, DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y FIRME el fallo apelado.

En la apelación ejercida por la Representación Judicial de la parte querellante, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 8 de junio de 2007, en la que sentenció Sin Lugar la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano JUSTO PASTOR OBREGÓN GIL, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES DE INTERIOR, JUSTICIA Y PAZ. Esta Corte declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer de la apelación; 2. CON LUGAR la apelación; 3. ANULA la decisión apelada; 4. Conociendo en primera instancia se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella; 4.1. IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad del acto administrativo; 4.2. PROCEDENTE la solicitud subsidiaria de pago de prestaciones sociales, intereses moratorios e indexación de las referidas prestaciones; 4.3. IMPROCEDENTE por genéricas e indeterminadas las demás peticiones subsidiarias; 4.4. Se ORDENA la realización una experticia complementaria del fallo.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó decisión en la cual declaró la NULIDAD PARCIAL del auto emitido en fecha 02 de febrero de 2017, así como la nulidad de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, dejándose válido el escrito de fundamentación de la apelación, las reconstituciones de la Corte y el pase a Ponente; REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación interpuesta y SOLICITÓ a la Universidad de Oriente (UDO), a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo, informen cuáles autoridades formaron parte del proceso de aprobación de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010. Esto deberá ser consignado dentro del lapso de diez (10) días de despacho, mas cinco (5) días continuos como término de la distancia, contados a partir de la constancia en autos de haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas.

En la demanda por cobro de bolívares interpuesta conjuntamente con medida de embargo preventivo de bienes muebles por el Abogado Fernando José Valera Romero, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil ISIVEN, C.A., contra la decisión dictada en fecha 10 de mayo de 2015, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible la demanda interpuesta. Esta Corte declaró: 1.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 2.- REVOCA el fallo apelado así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo y 3.- ORDENA al Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, dar continuación a la causa.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en la cual declaró su COMPETENCIA para conocer de la consulta prevista en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del fallo dictado por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en el Estado Delta Amacuro en fecha 7 de marzo de 2014, mediante el cual declaró con Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Abogado Miguel Ángel Zaragoza, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad Mercantil INVERSIONES DAMABER C.A., contra el INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO MONAGAS, REVOCÓ la sentencia objeto de consulta y declaró INADMISIBLE la demanda interpuesta