Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: DESISTIDO el procedimiento en el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido en fecha 12 de mayo de 2014, por los abogados Alberto Blanco-Uribe Quintero y Carlos La Marca Erazo, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la comunidad de propietarios del "COMPLEJO TURÍSTICO RECREACIONAL VEGASOL", contra "(¿) la Providencia Administrativa Autorizatoria (sic) identificada con el número 0368, de fecha doce (12) de septiembre de 2013", emanada de la DIRECCIÓN ESTADAL DEL PODER POPULAR AMBIENTAL MÉRIDA, "(...) "(...) mediante la cual dicho organismo autorizó la ocupación del territorio y la afectación de la zona protectora del margen derecho del río Chama por movimiento de tierra, a los fines de la extracción de minerales no metálicos (arena - grava) y localización de planta picadora, ubicado en el Sector Estanques, Municipio Sucre del estado Mérida".

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el abogado Leonel Pérez Méndez, actuando con el carácter de Procurador del estado Carabobo, en representación de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO CARABOBO, contra las sociedades mercantiles CONSINSP C.A., y PROSEGUROS S.A. En consecuencia: 1.- CONDENA a la sociedad mercantil CONSINSP C.A., al pago de la cláusula penal por retardo, establecida en la Cláusula Décimo Tercera del contrato de obras Nº SEIN-2006-1-563; 2.- CONDENA a la sociedad mercantil Proseguros, S.A., al pago de la suma de Seiscientos Noventa y Siete Mil Trescientos Sesenta y Ocho Bolívares con Cuarenta y Dos Céntimos (Bs. 697.368,42), cuyo reintegro fue garantizado mediante el Contrato de Fianza de Anticipo Nº 300302-2299; y la cantidad de Ciento Cincuenta y Nueve Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 159.000,00), cuyo pago fue garantizado mediante el Contrato de Fianza de Fiel Cumplimiento Nº 300303-2300.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 8 de octubre de 2014, por el abogado Lucindo Alejandro Pérez Castillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 101.507, actuando con el carácter de apoderado judicial de la recurrida, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Aragua, en fecha 4 de agosto de 2014, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Úrsula Haydee Sánchez Ortega y Rafael Antonio Capote inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 151.404 y 141.022 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano CARLOS ORTEGA .....

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: la EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada por el ciudadano JESÚS VENTURA SALOM, titular de la cédula de identidad Nº 4.173.317, debidamente representado por el abogado Marcos Rafael Rojas García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 27.089, contra la Resolución Nº R.A.P.01.0401.0023 de fecha 2 de abril de 2001 y la Resolución Nº CU.038.1091.2001, emanadas del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 15 de febrero de 2001, por el abogado Benjamín Bolívar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 81.544, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana ANA MARITZA GUTIÉRREZ DE GIL, titular de la cédula de identidad Nro. 5.551.809, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito del estado Bolívar en fecha 5 de febrero de 2001, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL DISTRITO CARONÍ CON SEDE EN SAN FÉLIX DEL ESTADO BOLÍVAR. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- En consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada.

Se dicto decisión mediante la cual esta Corte: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 7 de marzo de 2014, por la abogada Delia Ines Rumbos, inpreAbogado Nº 169.413, apoderada judicial de la Procuraduría General del estado Aragua, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la circunscripción judicial del estado Aragua, en fecha 28 de junio de 2013, que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta por la representación judicial del ciudadano Luis Eduardo Silva Padilla, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICÍA DEL ESTADO ARAGUA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación incoado por el apoderado judicial de la parte recurrida. 3.- Conociendo en consulta obligatoria de Ley se CONFIRMÓ, el fallo dictado en fecha 28 de junio de 2013, por el referido. Se ordenó la notificación de las partes y la remisión del expediente al Juzgado de Origen.

Se dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 2.- REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, a partir que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró: 1.COMPETENTE para conocer en consulta la decisión de fecha 5 de agosto de 2014, proferida por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Manuel Assad Brito, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana DEISY LUCIA CHAVIEL RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 4.804.195, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN;2 Conociendo de la consulta, REVOCA PARCIALMENTE el fallo dictado en fecha 5 de agosto de 2014, solo en lo atinente al pago de la diferencia de prestaciones sociales,3CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia consultada 3.1ORDENA al Ministerio del Poder Popular para la Educación realizar el pago de la diferencia de prestaciones y sus respectivos intereses,3.2ORDENA el pago de los intereses moratorios;3.3ORDENA indexar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: En virtud de los planteamientos precedentemente expuestos, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 2.- REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contando a partir que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por el abogado RICHARD SIERRA, actuando en su propio nombre y representación, contra la sentencia dictada en fecha 21 de julio de 2014 por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, mediante la cual declaró improcedente la demanda por cobro de honorarios profesionales incoada por éste, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLÍVAR;2.CON LUGAR el recurso de apelación intentado;3.ANULA el fallo apelado;4.En consecuencia, ORDENA al Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar conocer de la prenombrada demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales.