En el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Orlando José Escalona, debidamente asistido por la Abogada Aura Díaz de Perales, contra la sentencia de fecha 16 de mayo de 2013, dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado Superior.

En el presente recurso, esta Corte dictó: AUTO PARA MEJOR PROVEER a los fines que se oficie al ciudadano Luís Amado Barceló Delgado y al Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, para que en el lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado la última de las notificaciones remita copia certificada del escrito de descargo y del escrito de promoción de pruebas consignados en sede administrativa por la parte recurrente.

En el presente recurso, esta Corte dictó: AUTO PARA MEJOR PROVEER a los fines que se notifique a la ciudadana Blanca Josefina Sánchez Blasco, para que en el lapso de cinco (5) días de despacho siguientes (más el término de la distancia) a la constancia en autos de haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas, establezca su conformidad o no respecto a lo antes expuesto, con la advertencia que de no hacerlo esta Corte decidirá la solicitud conforme a los cursante en autos. Así se decide.

En el presente recurso, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; ANULÓ el fallo apelado por razones de orden público; SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta.

En la presente demanada, esta Corte dictó sentencia mediante la cual CORRIGIÓ el error material involuntario cometido en la sentencia Nº 2016-0258 de fecha 31 de marzo de 2016, entendiéndose que el ciudadano Juan Borges Mendoza, es titular de la cédula 6.896.252.

En el presente cuaderno separado, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar innominada ejercida por la Apoderada Judicial del ciudadano JORGE DANIEL RIVAS FRÍAS, contra la decisión contenida en el expediente Nº TSJ-UAI-2015-GDR-001, de fecha 25 de noviembre de 2015 y la decisión S/N de fecha 21 de enero de 2016, dictada por la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ), ORDENA anexar copia certificada de la decisión a la pieza principal de la causa contenida en el expediente judicial N° AP42-G-2016-000080.

En el presente recurso, esta corte dictó sentencia mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 28 de enero de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por los ciudadanos antes señalados, contra las Resoluciones Nros. RH/010/2015, RH/011/2015, RH/012/2015, RH/236/2014 de fechas 23 de enero de 2015 y 15 de diciembre de 2014, suscrita por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOBO; DESISTIDO el recurso de apelación ejercido; FIRME el fallo apelado.

En la apelación interpuesta contra la sentencia dictada en fecha 28 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estados Monagas, que declaró inadmisible la demanda de nulidad ejercida conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efecto, por la Sociedad Mercantil GUARDIÁN DE VENEZUELA, S.R.L., contra la Providencia Administrativa Nº 0056-2010 dictada por la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE MONAGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SALUD Y SEGURIDAD LABORALES, en la que se certificó al ciudadano José Williams Ospina, enfermedad ocupacional, que le ocasionó al trabajador una Discapacidad Total Permanente para el trabajo habitual. Esta Corte declaró: 1. INCOMPETENTE para conocer y decidir el presente recurso; 2. Se ORDENA remitir el presente expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a la parte motiva del presente fallo.

En los recursos de apelación ejercidos en fecha 2 de noviembre de 2010 por la Representación Judicial de la Fiscalia General de la República y en fecha 4 de noviembre de 2010, por el Abogado Franklin Ainagas, actuando en su propio nombre y representación, contra la decisión dictada en fecha 18 de octubre de 2010 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el referido ciudadano contra la Fiscalía General de la República, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso interpuesto; 2. Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora; 3. Inoficioso pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrida; 4. Anula el fallo apelado; 5. Parcialmente con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto

En el presente recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de junio de 2011, por la Abogada Mariela Yánez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 22 de noviembre de 2010 que declaró Sin Lugar el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por la Sociedad Mercantil CENTRAL AZUCARERO DE PORTUGUESA C.A., contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA SEDE ACARIGUA, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1 . ANULA la sentencia dictada por el Juzgado A quo, 2. La INCOMPETENCIA de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, 3. DECLINA la competencia en el Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo y 4. ORDENA la remisión del expediente a dicho Tribunal Distribuidor.