En los recursos de apelación interpuestos por los Apoderados Judiciales del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) y del ciudadano Pablo José Sánchez Martínez, respectivamente, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 19 de noviembre de 2010, que declaró Sin Lugar la Acción de Repetición de Pago interpuesta por el referido Fondo contra el mencionado ciudadano, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA; 2. CON LUGAR la apelación interpuesta por la Representación Judicial del Fondo; 3. REVOCA el fallo apelado; 4. INOFICIOSO pronunciarse sobre la apelación interpuesta por el demandado; 5. PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de repetición de pago; 6. IMPROCEDENTE la solicitud de indexación y; 7. DESESTIMA la solicitud de condenatoria en costas procesales.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de mayo de 2001, por la Abogada María Rusé Ruggiero, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil S.Tous S.L, contra el auto dictado en fecha 25 de mayo de 2011 por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, mediante el cual declaró Inadmisible la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar, por la referida Sociedad Mercantil contra el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2. Con lugar el recurso de apelación; 3. Revoca el auto apelado y 4. Ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los Abogados Rodolfo Plaz Abreu, Antonio Planchart Mendoza, Juan Esteban Korody y Erika Cornilliac Malaret, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil CITIBANK, N.A, SUCURSAL VENEZUELA, contra la Resolución Nº 000049 de fecha 12 de febrero de 2008, emanado del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH), esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario; 2. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.

En la medida preventiva de embargo sobre bienes muebles solicitada conjuntamente con demanda por cobro de bolívares y ejecución de fianzas de anticipo y fiel cumplimiento, por la sustituta de la Procuraduría General de la República y por la Representación Judicial de La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA, S.A.), contra las Sociedades Mercantiles Ramón Vizcaíno Internacional, S.A. y Mapfre la Seguridad, C.A. de Seguros, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Decretó medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la Sociedad Mercantil Ramón Vizcaíno Internacional, S.A.; 2. Decretó medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la Sociedad Mercantil Mapfre la Seguridad, C.A. de Seguros; 3. Ordenó oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora; 4. Ordenó librar al Juzgado Ejecutor que corresponda y 5. Ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.

En la demanda de nulidad incoada conjuntamente con acción de amparo cautelar interpuesto por los ciudadanos AGUSTÍN RODRÍGUEZ, JEAN MOLINA y otros, contra la DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA MACIONAL Y OTROS ASUNTOS COLECTIVOS DE TRABAJO DEL SECTOR PÚBLICO, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su INCOMPETENCIA para el conocimiento de la demanda de nulidad interpuesta, 2. DECLINA la competencia en el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de febrero de 2010, por la Abogada Andreina Fernández, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana NEILA JOSEFINA HERNÁNDEZ OCHOA, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA DEL ESTADO ZULIA, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. La NULIDAD del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 7 de agosto de 2012; 2. Se ORDENÓ la reposición de la causa al estado de que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, notifique a las partes de la remisión a esta Corte del presente expediente, en virtud del recurso de apelación interpuesto.

En el recurso de nulidad interpuesto por los Abogados Leonel Ferrer, Isabel Esté y Héctor Medina, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, contra la SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada en fecha 7 de agosto de 2012, por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto 2. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso interpuesto y de ser procedente se abra cuaderno separado para la tramitación de la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de marzo de 2010, por la Abogada Isdelys Pérez, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 18 de febrero de 2009, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano José Féliz Ruíz Montero contra el Ministerio de Planificación y Finanzas, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. Desistido el recurso de apelación interpuesto 3. Confirma el fallo dictado en fecha 18 de febrero de 2009, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital

En la demanda por indemnización de daño moral y material, interpuesta por el Apoderado Judicial de los ciudadanos Jonny Isrrael Ravelo Nadiel y Ramón Isrrael Ravelo contra la Compañia Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), esta Corte declara: 1.- La Extición del Proceso.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de enero de 2012 por el Abogado Alí Zambrano, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos JOSÉ GÓMEZ y otros, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 6 de octubre de 2011, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso de abstención o carencia interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto 2. HOMOLOGA la transacción celebrada entre el sustituto de la Procuraduría General de la República y la representación judicial de la parte actora en fecha 24 de septiembre de 2012