En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana FABIOLA FIGUERA, contra la sentencia dictada en fecha 3/07/2009, dictada por el Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT, 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido, 3.- REVOCA PARCIALMENTE el fallo apelado en aplicación de la consulta, sólo en lo que respecta al pronunciamiento efectuado del beneficio de alimentación y 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 5/03/2012, por el Apoderado Judicial de la parte querellante, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 1/03/2012, la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOHONN GABRIEL MARÍN HERNÁNDEZ, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3.- FIRME el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por CARMEN ALICIA ACOSTA DE BORGES contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por Órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la sentencia objeto de apelación.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada, por ROBERTO OLIVARES PÉREZ contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), esta Corte declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 3/05/2012, por la Apoderada Judicial del recurrente, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas en fecha 26/04/2012, la cual declaró Inadmisible por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el Apoderado Judicial del ciudadano EDGAR DE JESÚS SALCEDO SERENO, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO APURE, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3.- FIRME el fallo apelado.

En la demanda por indemnización de daños y perjuicios, interpuesta por CARLOS JOSÉ MILANO FERNÁNDEZ contra el MUNICIPIO GUACARA DEL ESTADO CARABOBO, esta Corte declara: 1.- Su INCOMPETENCIA para conocer de la demanda patrimonial por Indemnización de Daño Material (Lucro Cesante) y Daño Moral interpuesto por el Abogado CARLOS JOSE MILANO FERNANDEZ contra el MUNICIPIO GUACARA DEL ESTADO CARABOBO. 2.- DECLINA la competencia al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar y, subsidiariamente, medida cautelar de suspensión de efectos, por el Apoderado Judicial de INVERSIONES RAMNELU, C.A, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº CJ-2012-06/2012 de fecha 16/02/2012 dictada por el INSTITUTO SOCIALISTA DE LA PESCA Y ACUICULTURA, 2.- ADMITE PROVISIONALMENTE la demanda de nulidad interpuesta, 3.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado y 4. - ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que una vez verificada la admisibilidad, proceda a dar apertura al cuaderno separado correspondiente para la tramitación de la medida cautelar solicitada.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil SIGIS SOLUCIONES INTEGRALES GIS. C.A, interviniendo como tercero interesado contra el auto dictado por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 10/02/2010, el cual declaro Improcedente la solicitud del nombramiento de un nuevo experto en el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por el Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil INVERSIONES IOTA C.A., contra Resolución N°00013001, de fecha 21/04/2009, dictada por la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y 2. ORDENA la acumulación de la presente causa, cursante en el expediente Nº AP42-R-2010-000239, a la causa principal contenida en el expediente Nº AP42-R-2010-000564.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte Ordena: oficiar al INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), a fin de que remita a esta Corte dentro del lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo del oficio que se ordena librar, copia certificada del expediente administrativo relacionado con el presente asunto.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar interpuesto por FERNANDO ANTONIO CAFFRONI DÍAZ contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SILVA DEL ESTADO FALCÓN, esta Corte ordena: oficiar al Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, a los fines de que remita información sobre el estatus de la presente causa y de haber sido dictada decisión definitiva en lo relacionado al recurso de nulidad, informe acerca de la misma, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles, una vez transcurrido cinco (5) días como término de la distancia, contados a partir del recibo del oficio que se ordena librar.