Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.-Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesto por el abogado José Agustín Ibarra, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana YESENIA GRIMAN DE GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº 7.378.706, contra la decisión dictada el 17 de febrero de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA. 2.-SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto. 3.-CONFIRMA con la motivación expuesta, la sentencia de fecha 17 de febrero de 2005, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

Visto que de conformidad con las reglas generales que ordenan las medidas cautelares, se requiere, del cumplimiento de dos requisitos fundamentales, el fumus boni iuris y del periculum in mora, además que en la presente solicitud cautelar no se encuentra satisfecho el periculum in mora, es decir, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, estableciendo este Órgano Colegiado que su verificación junto con el fumus boni iuris son elementos concurrentes y necesarios para declarar la procedencia de la medida aquí solicitada, y siendo que es obligatoria la concurrencia de los requisitos establecidos por la Ley y la jurisprudencia para su otorgamiento, es forzoso para esta Corte declarar IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos realizada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ACEPTÓ LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por el ciudadano RICHARD JAVIER REY, asistido de abogado contra el acto administrativo Nº 0561 dictado por el CONSEJO DISCIPLINARIO DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS DEL DISTRITO CAPITAL, mediante el cual fue destituido el recurrente, del cargo de Auxiliar Administrativo del referido cuerpo policial, y ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que examine las causales de admisibilidad con excepción de la referente a la competencia, la cual ya ha sido analizada por este Órgano Jurisdiccional. Se ordenó remitir copia de la decisión al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por el ciudadano ALEJANDRO JOSÉ GÓMEZ MERCADO, en su condición de Juez Provisorio del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por las apoderadas judiciales de la ciudadana JUANA ISABEL PRADO MÁRQUEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). 2.- CON LUGAR la inhibición propuesta. 3.- SE ORDENÓ NOTIFICAR de la decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del fallo, al ciudadano Alejandro José Gómez Mercado, en su condición de Juez Provisorio del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por el abogado FRANCISCO JAVIER HURTADO LEÓN, actuando en su propio nombre y representación, contra el acto administrativo Nº CD-222 de fecha 18 de febrero de 2008, dictado por la Comisión Delegada del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO. Se ordenó notificar a las partes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de agosto de 2008, por el abogado Antonio Calatrava Armas, inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nro. 14.519, contra fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental en fecha 27 de mayo de 2008, se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación; 3.- FIRME el fallo apelado. Se ordenó la remisión del expediente al tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por el ciudadano ALEJANDRO JOSÉ GÓMEZ MERCADO, en su condición de Juez Provisorio del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por las apoderadas judiciales de la ciudadana AURA CECILIA QUINTERO GIL, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). 2.- CON LUGAR la inhibición propuesta. 3.- SE ORDENÓ NOTIFICAR de la decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del fallo, al ciudadano Alejandro José Gómez Mercado, en su condición de Juez Provisorio del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos realizada en fecha 16 de noviembre de 2012 por las abogadas Betty Andrade Rodríguez y Nathalie Bravo, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 66.275 y 112.768, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil SANITAS VENEZUELA, S.A., contra la Resolución Nº 000042, de fecha 5 de septiembre de 2007, emitida por la Gerencia de Fiscalización del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT (BANAVIH).

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 17 de enero de 2012 por la abogada Belkis Pérez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada en fecha 12 de agosto de 2011 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo del Estado Zulia, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana YOBANA RINCÓN, asistida por el abogado Gabriel Arcangel Puche Urdaneta, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA DEL ESTADO ZULIA. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. IMPROCEDENTE la consulta de Ley. 4. En consecuencia, se tiene como FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del ciudadano MIGUEL ELJURI, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en fecha 8 de diciembre de 2005, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano, contra la providencia administrativa de fecha 18 de marzo de 2005, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES DEL ESTADO FALCÓN, mediante la cual declaro sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, ejercida por el referido ciudadano en contra de la empresa P.D.V.S.A. Petróleos, S.A. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- SE REVOCA la sentencia recurrida; 4.- SE ORDENA REMITIR el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidenta.....