Se dictó auto mediante el cual esta Corte ordenó notificar a la parte recurrida, para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes, contados una vez vencidos los cinco (5) días continuos que se conceden como término de la distancia, computados luego que conste en autos la última de las notificaciones, consigne el expediente personal del funcionario José Manuel Zapata Blanco, con el respectivo movimiento de personal u otro documento que permita evidenciar la fecha cierta de ingreso del referido ciudadano a la Policía del estado Apure.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 14 de febrero de 2008, por el abogado Armando José Andueza, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano FRANCISCO RAMON MENDOZA LINAREZ, contra la decisión dictada en fecha 7 de febrero de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual: la PÉRDIDA DEL INTERÉS y la EXTINCIÓN DEL PROCESO del recurso contencioso administrativo inquilinario de anulación ejercido por el abogado JOSÉ SAMUEL MEJÍAS VALBUENA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 16.480, actuando con el carácter de propietario del edificio "San Laureano", ubicado en Colinas de Bello Monte, del Municipio Baruta del estado Miranda, contra la Resolución Nº 001245, de fecha 1º de diciembre de 2000, emanada de la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL ENTONCES MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, (hoy SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA VIVIENDA Y HÁBITAT).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: la CADUCIDAD de la acción de nulidad ejercido por el abogado Rafael Contreras Millán, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos LEOPOLDO CASTILLO BOZO Y GABRIEL CASTILLO BOZO, antes identificados, de la Providencia Administrativa Nº FSS-2000776 de fecha 15 de marzo de 2011, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE ACTIVIDAD ASEGURADORA, a través de la cual procede a la liquidación administrativa de la mencionada empresa, deja sin efecto la autorización concedida a la misma para que operase en el ramo de seguros generales y de vida, y finalmente, designó a la junta liquidadora de la mencionada sociedad mercantil. Se ordenó la notificación del fallo.

Se dictó auto mediante el cual esta Corte ordenó notificar a la parte recurrida, para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes, contados una vez vencidos los cinco (5) días continuos que se conceden como término de la distancia, computados luego que conste en autos la última de las notificaciones, consigne el expediente personal del funcionario Yosel Rafael Villanueva Vera, con el respectivo movimiento de personal u otro documento que permita evidenciar la fecha cierta de ingreso del referido ciudadano a la Policía del estado Apure.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido el 21 de enero de 2014, por el abogado Franklin Campero identificado en el inicio del presente fallo, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana OLGA JOSEFINA ACOSTA GONDELLES, contra el fallo dictado en fecha 16 de enero de 2014, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO EL HATILLO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- NO ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Supe rior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, en fecha 27 de enero de 2014. 2.- SE REMITE el expediente a Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Transito, Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, a los fines que resuelva el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró SIN LUGAR la recusación presentada por el abogado Luís Bermúdez, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano FRANKLIN RAFAEL MENDOZA, contra la Jueza del prenombrado Juzgado, abogada GERALDINE LÓPEZ BLANCO, de conformidad con la causal prevista en el ordinal 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el aludido ciudadano contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). Se ordenó notificar a las partes, así como también a la Jueza recusada, de conformidad con establecido en la decisión Nº 1.175 de fecha 23 de noviembre de 2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida el 25 de octubre de 2013, por el abogado Víctor Román Rondón, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estatal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira de fecha 18 de octubre de 2013, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por el ciudadano ANECTO SIMÓN MORA ROSALES, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICÍA DEL ESTADO TÁCHIRA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA la decisión apelada. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud cautelar de suspensión de efectos interpuesta por el ciudadano JUAN DE DIOS DELGADO AGUILLÓN, debidamente asistido por el abogado José Medina, contra la Resolución C.E.T Nº 180 dictada en fecha 19 de julio de 2013, mediante la cual la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA, sancionó al ciudadano recurrente con la declaratoria de responsabilidad administrativa, formulación de reparo e imposición de multa. Se ordenó notificar a las partes de la presente decisión.