REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR ÓRGANO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN vs. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA YAMILKHA, C.A. y MULTINACIONAL FIANZAS, C.A.- Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Órgano Jurisdiccional declaró que la competencia para conocer de la presente demanda por cobro de bolívares y ejecución de fianza interpuesta conjuntamente con medida preventiva de embargo, por la abogada Melissa Palma, en representación de la República Bolivariana de Venezuela por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; en razón de la cuantía corresponde a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en concordancia con lo previsto en el artículo 25 numeral 1 eiusdem.

En cuanto a la documental promovida en el referido escrito, consignada en copia certificada y, recaída en las "notas de la ciudadana Ibeth Cecilia Chávez", este Tribunal la admite cuanto ha lugar en derecho se requiere, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente. Así se decide.

Auto por el cual se difiere para el tercer (3er) día de despacho siguiente a esta fecha para proveer lo conducente sobre la admisión de la presente acción.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Irene Moros Dávila, actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), contra la sentencia dictada por Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 23 de marzo de 2004, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana MARTHA DEL CARMEN CABRERA DE D´APUZZO, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI). 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR en el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA, en los términos expuestos, la sentencia de fecha 23 de marzo de 2004, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual declaró: 1.- NULIDAD PARCIAL del auto emitido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de julio de 2003, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia establecido en los artículos 162 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, vigente para la fecha, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia, establecido en los artículos 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo se ordena la notificación de las partes del auto de abocamiento recaído en fecha 16 de enero de 2012 y a la querellada para que también tenga conocimiento de la presente decisión.

se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Leizester Díaz Herrera, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Alcaldía del Municipio Girardot del Estado Aragua, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central en fecha 21 de junio de 2005, mediante el cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano JULIO CÉSAR NIEVES, titular de la cédula de identidad Numero 7.175.803, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA. 2.- SIN LUGAR el mencionado recurso de apelación. 3.- CONFIRMA el fallo.

Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido el 16 de diciembre de 2011, por el ciudadano CARLOS QUINTERO, debidamente asistido por el abogado Reimundo Mejías, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental de fecha 23 de noviembre de 2011, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 3.- CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental en fecha 23 de noviembre de 2011.

Se dictó desición mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Jesús Anibal González Ojeda, antes identificado, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Luis Arístides Sanz, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 11 de abril de 2011, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA VIALPA, S.A., contra la providencia administrativa Nº 214-2009, dictada en fecha 30 de marzo de 2009 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO JOSÉ RAFAEL NUÑEZ TENORIO, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos propuesta por el referido ciudadano contra la mencionada empresa; 2.- CON LUGAR el recurso de apelación; 3.- ANULA el referido fallo; 4.- Conociendo del fondo del presente asunto declara SIN LUGAR, el recurso interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ORDENA notificar tanto a la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital, así como al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), y a la ciudadana Gelirys Mar Cordoba, para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes, contados a partir de la fecha que conste en el expediente el recibo de la notificación a que se refiere el presente auto, den cumplimiento a lo ordenado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ORDENO notificar a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO DE LIBERTADO DEL DISTRITO CAPITAL, para que dentro de lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, de cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión. Igualmente se ordena notificar al JESÚS EDUARDO CASTRO RAMÍREZ a fin de que tenga conocimiento de dicho requerimiento, y de ser el caso, cuente con la oportunidad de impugnar la información que sea consignada, esto, dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos tal información, para lo cual se consideraría abierta la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de procedimiento Civil, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia antes señalada, o consigne dicha información de este poseerla.