Se dictó y publicó decisión mediante la cual de conformidad al criterio sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nro. 438, (caso: Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) C.A.) y lo previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ordenó librar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, al cual se incorporará de forma individual la ciudadana Kless Gottefrida y se ordenó notificar a la empresa Mercantil, C.A., Banco Universal y al Presidente del INDEPABIS, con la advertencia, que al día de despacho siguiente a la constancia en autos de la última de las notificaciones ordenadas se librará el referido cartel, a los fines de su retiro, publicación y consignación correspondiente.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Superintendente para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA). Así mismo, ordenó librar el cartel a que alude el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Auto mediante el cual se ordenó la reapertura del lapso probatorio a los fines de la evacuación de la prueba de informes promovida por la representación judicial de la parte recurrente.

La Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte querellada, contra la decisión dictada el 18 de septiembre de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana ALICIA DEL VALLE NÚÑEZ DE RICO, debidamente asistida por la abogada Mariela Potenza, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; DESISTIDO el mencionado recurso de apelación, en consecuencia, declara FIRME el fallo apelado.

La Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de hecho ejercido por la abogada María Martínez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 50.370, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana BIAIDA VIZCAYA, contra el auto dictado en fecha 7 de noviembre de 2007, por el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL, mediante el cual negó la apelación interpuesta en fecha 24 de octubre de 2007, contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado en fecha 5 de octubre de 2007, que declaró INADMISIBLE in limine litis el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto; CON LUGAR el referido recurso. 3. Se ordena al A quo oir la apelación

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 08 de julio de 2010, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial por la ciudadana AZUCENA SEPÚLVEDA MEDINA, titular de la cédula de identidad Nro. 6.131.089, debidamente asistida por el abogado Pedro Peñaloza Duarte, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.. Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 08 de julio de 2010 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la ciudadana MERCEDES LETICIA MENA DE WILSON, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 21 de agosto de 2003; CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; Se REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 21 de agosto de 2003; ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines que se pronuncie sobre los restantes requisitos de admisibilidad del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, salvo el analizado en el presente fallo.

La Corte declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 31 de octubre de 2008, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial por los abogados Alberto José Abache Blanco y Benito Martínez Pernía, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana YOLANDA GARCÍA DE AÑANGUREN, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN). Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 31 de octubre de 2008 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

La Corte declaró: La NULIDAD parcial del auto emitido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el 21 de diciembre de 2000, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo; Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio a la relación de la causa, contemplada en los artículo 93 y 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable en razón del tiempo.

La Corte declaró: La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 29 de septiembre de 2010, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia establecido en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. REPUSO la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia, supra mencionado. Se ordenó notificar a las partes.