Esta Corte declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la representación judicial de la querellante, contra el fallo dictado en fecha 26 de octubre de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado José Gregorio Garrido Ruiz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 99.757, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana JUANA AMELIA CHÁVEZ DE DÍAZ, titular de la cédula de identidad Nº 3.123.087, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA (CORPOSALUD), por cobro de diferencia de prestaciones sociales. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la actora. 3.- Se CONFIRMA la referida sentencia.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: ORDENA NOTIFICAR al ciudadano GERMÁN MORANTES RAMÍREZ, para que tenga conocimiento del abocamiento de fecha 27 de marzo de 2014, y para que comparezca en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en actas el recibo de la notificación correspondiente, a los fines de que manifieste su voluntad de continuar con la presente causa, la cual se ve constituida por la apelación del auto de admisión de la "solicitud de RETROCESIÓN A LA EXPROPIACIÓN", contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, advirtiéndose a la parte solicitante que de no presentarse a manifestar su interés en la presente causa, se declarará la pérdida del interés y la extinción de la instancia. Asimismo, se acuerda la notificación de la parte demandada, a los fines de que tenga conocimiento de la presente decisión.

Por las razones antes señaladas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, verificado el cumplimiento de la pretensión iniciada por la República Bolivariana de Venezuela, por concepto de la expropiación y por cuanto se encuentra consumada la misma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, esta Corte debe necesariamente declarar por terminado el presente proceso y ordena el archivo del expediente. Así se decide. Dada la naturaleza de la declaratoria que antecede, se ordena notificar a la Sucesión Flores de la presente decisión. Así se decide.

Este Tribunal Colegiado declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del ciudadano Manuel Domínguez contra la sentencia dictada por el Juzgador de Primera Instancia en fecha 30 de octubre de 2008; y por consiguiente se CONFIRMA la misma.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por el abogado Reimundo Mejías La Rosa, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental en fecha 29 de enero de 2014, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LEÓNIDAS GARZÓN REY, debidamente asistido por el abogado Plutarco Elías Marulanda Cruz, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación. 3.- Se ANULA el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental en fecha 29 de enero de 2014 y, 4.- Conociendo del fondo del presente asunto se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Este Órgano Jurisdiccional ordena notificar a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, para que, una vez conste en autos el recibo de su notificación debidamente practicada, en un lapso de diez (10) días de despacho, remita a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo la información relativa al estado en que se encuentra la tramitación del pago de la expropiación del inmueble distinguido con el catastro Nº BT-19 denominado "Quinta Vasca", ubicado en la urbanización El Paraíso, esquina Callejón Machado con Avenida Los Samanes, en la Parroquia San Juan del Municipio Libertador, el cual el referido inmueble esta descrito por la comunidad sucesoral del ciudadano Octavio Calcaño Vetancourt.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Se REVOCA el auto proferido por la Secretaría de esta Corte en fecha 13 de junio de 2013. 2.- TERMINADO el presente expediente contentivo de la demanda de ejecución de fianza de anticipo interpuesta conjuntamente con solicitud de medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar, interpuesta por la abogada Heidy Madelaine Sánchez Delgado, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 97.097, actuando con el carácter de apoderada judicial de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE) contra la sociedad mercantil ZUMA SEGUROS, C.A. 3.- Se LEVANTA la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada el 25 de marzo de 2013, sobre bienes propiedad de Zuma Seguros C.A. 4.- Se ORDENA la notificación de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora a los fines que tenga conocimiento de la presente decisión. 5.- Se ORDENA el archivo del expediente.

En la presente causa se dictó decisión mediante la cual se declaró:1.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de efectos, por la representación judicial de la sociedad mercantil SIDERÚRGICA DEL TURBIO, S.A. , contra la Resolución Nº SPPLC-0025-2008 de fecha 27 de octubre de 2008, emanada de PROCOMPETENCIA, mediante el cual se declaró que la recurrente "se encuentra incursa en la práctica anticompetitiva tipificada en el artículo 6º de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia", y se le impuso una multa por la suma de Cinco Millones Trescientos Setenta y Un Mil Ochocientos Bolívares con Veintiocho Céntimos (Bs. 5.371.800,28). 2.- CONFIRMÓ la Resolución Nº SPPLC/025-2008, de fecha 27 de octubre de 2008, así como la multa respectiva. 3.-SIN EFECTO la suspensión de efectos acordada mediante sentencia Nº 2009-929 de 27 de mayo de 2009.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso del recurso de apelación interpuesto el 11 de febrero de 2014, por la apoderada judicial del órgano querellado, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 7 de febrero de 2014, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano WILLIAM SIMÓN BRICEÑO ECHEVERRÍA representado por la abogada Zuliveidy Briceño Echeverría, contra el acto administrativo signado con el Nº DC-001-2013 de fecha 7 de enero de 2013, dictado por la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO ACEVEDO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo dictado por el iudex a quo en los términos expuestos.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la abogada Lisbeth Monguaz, con el carácter de apoderada judicial de la recurrente, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 6 de agosto de 2013, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por las apoderadas judiciales de la ciudadana NICIDA MATHEUS, titular de la cédula de identidad Nº V-3.461.468, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), por cobro de diferencia de prestaciones. 2.- Se REVOCA por orden público la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 6 de agosto de 2013, mediante la cual declaró sin lugar el recurso funcionarial interpuesto, en consecuencia; 2.1.- Se declara INADMISIBLE por caduco, el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado.