Se dictó decisión, mediante la cual esta Corte, acordó: -SOLICITAR, al Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, se sirva remitir copia certificada del auto de fecha 27 de octubre de 2010 y de las notificaciones ordenadas y efectuadas conforme al auto de admisión de fecha 18 de diciembre de 2009, para lo cual se fija un lapso de diez (10) días de despacho -contados a partir de que conste en autos el recibo del referido Oficio-, a los fines de que el Juzgado de Instancia remita la información requerida.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ORDENA notificar a la Procuradora General de la República de la presente causa, la cual se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, una vez conste en autos dicha notificación en aplicación del lapso previsto en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Durante el referido lapso de noventa (90) días continuos la ciudadana Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, deberá manifestar la ratificación de la suspensión o su renuncia respecto del lapso restante, siendo que una vez se tenga por notificada, la presente causa continuará su curso legal. Se ordena la notificación.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 30 de mayo de 2012, por la abogada Yajaira Pacheco, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 15.239, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Procuraduría General de la República, contra la sentencia dictada en fecha 16 de noviembre de 2010, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JESÚS AGUSTÍN CABRERA, titular de la cédula de identidad Nro. 6.441.532, debidamente asistido por el abogado Francisco Lepore, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.093, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES EXTERIORES. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA el fallo objeto de apelación.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1.- Ratifica su COMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda de cumplimiento de contrato e indemnización por daños y perjuicios incoada conjuntamente con medida cautelar de embargo por el abogado Jorge Luis Socas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.657, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN), contra las sociedades mercantiles INVERSIONES SAN JHON, C.A. y UNIVERSAL DE SEGUROS, C.A. 2.- HOMOLOGADA LA TRANSACCIÓN celebrada entre las partes.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el ciudadano EURO DE JESÚS PARRA MONTIEL, titular de la cédula de identidad Nº 3.927.576, debidamente asistido por la abogada Penélope Rodríguez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 97.349, contra el acto administrativo emanado de la UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UNIMET), mediante la cual declaró reprobado el trabajo final de grado presentado por el ciudadano ut supra mencionado. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la decisión objeto de apelación, con las precisiones realizadas en el presente fallo.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Carlos Urbina F., Angelo Cutolo y Marieva Velázquez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil C.A. VITA., contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 2011-008, de fecha 21 de febrero de 2011, emanado de la Dirección de Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Privado del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, mediante la cual declaró sin lugar las excepciones opuestas por la recurrente en marco de la Reunión Normativa Laboral donde se discutiría la convención colectiva entre la Federación Nacional de Sindicato de Trabajadores de Productos Medicinales, Cosméticos y Perfumería (FETRAMECO) y la Industria de Productos Químicos Farmacéuticos.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de enero de 2012 por el apoderado judicial del ciudadano JOSÉ JESÚS URBAEZ, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 8 de agosto de 2011, a través de la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo dictado en fecha 8 de agosto de 2011 por el iudex a quo.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el 2 de agosto de 2012 por el ciudadano JHOA RUBÉN GONZÁLEZ PERDOMO, actuando en su propio nombre, contra la sentencia dictada en fecha 23 de julio de 2012 por el Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso funcinarial incoado contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (INSETRA). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la abogada sustituta de la Procuraduría General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, el 9 de diciembre de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto, por el abogado Nelson Pastor Zambrano, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano MARTIAL WILLIAM LOUISE, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA Y FINANZAS. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.-PROCEDENTE la consulta del fallo dictado dictado por el Juzgado a quo. 4.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se CONFIRMA el referido fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por los abogados Rafael Badell Madrird, Álvaro Badell Madrid y Nicolás Badell Benítez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra el acto administrativo s/n, de fecha 25 de mayo de 2009, y notificada en fecha 2 de junio de 2010, emanada de la presidencia del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), mediante la cual se sancionó a su representada con multa de cuatrocientas (400) unidades tributarias, equivalentes a Quince Mil Cincuenta y Dos Bolívares con Ochenta Céntimos (Bs. 15.052,80), por la presunta trasgresión de los artículos 18 y 92, de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. Se ordenó la notificar y remitir copia certificada del presente fallo al INDEPABIS.