Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Juzgado declaró: 1.-COMPETENTE a la CSCA para conocer en primer grado de jurisdicción la demanda de nulidad, interpuesta por los abgs. MANUEL BAUMEISTER ANSELMI y MARÍA ALEJANDRA CORREA, IPSA, números 45.935 y 51.864, apoderados judiciales de la sociedad mercantil VALCREDI CASA DE BOLSA, C.A., contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES; 2.-ADMITIÓ la referida demanda de nulidad; 3.-ORDENÓ la notificación de la FGR, DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE VALORES, MINISTRO DEL PP PARA ECONOMÍA Y FINANZAS y a la PGR; 4.-ORDENÓ solicitar a la SNV, los AA 5.-INSTÓ a la parte demandante consigne los fotostatos para las notificaciones ordenadas; 6.-ORDENÓ remitir el presente expediente a la CSCA, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas, a fin que se fije la audiencia de juicio de conformidad con el art. 82 de la LOJCA.

En fecha 3 de octubre de 2017, este Juzgado de Sustanciación dictó decisión mediante la cual declaró COMPETENTE a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer de la presente demanda, ADMITIÓ la demanda de nulidad interpuesta, ORDENO la notificación del FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, del PRESIDENTE DEL CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX) y de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, INSTÓ a la parte demandante consigne las copias fotostáticas, ORDENÓ solicitar el expediente administrativo, ORDENÓ remitir el expediente judicial a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a fin que se fije la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio, una vez notificadas todas las partes.

En fecha 3 de octubre de 2017, este Juzgado de Sustanciación dictó decisión mediante la cual declaró: INOFICIOSO pronunciarse nuevamente sobre la admisión, en consecuencia se RATIFICÓ la sentencia dictada por este Juzgado de Sustanciación en fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015), ORDENÓ la notificación del FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, del Presidente del CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, asimismo, se ordenó la notificación del ciudadano AARÓN DE CÁNDIDO GALLINA, INSTÓ a la parte demandante consigne los fotostatos requeridos para el cumplimiento de las notificaciones ordenadas y constituir el cuaderno separado; ORDENÓ solicitar el expediente administrativo al CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX) y; ORDENÓ remitir el expediente judicial a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas.

En la demanda de nulidad incoada por la ciudadana Conceicao Da Silva De Bastidas, debidamente asistida por la Abogada Andreina Sánchez Montiel, contra la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX). Esta Corte declaró: HOMOLOGADO el desistimiento de la demanda de nulidad incoada en fecha 3 de febrero de 2016 contra el acto denegatorio tácito producido por el silencio administrativo en el que incurrió la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), al no decidir el recurso de reconsideración incoado contra el Punto de Cuenta Nº 100 de fecha 4 de agosto de 2014

En el recurso de apelación interpuesto por la Representación Judicial de la sociedad mercantil D.R. DECORACIONES, C.A., contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de abril de 2017, mediante la cual declaró Improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº DA-J-SEMAT-2016-009 del 26 de agosto de 2016, suscrita por el Alcalde del MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA. Esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del mismo; 2. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3. CONFIRMA la sentencia recurrida.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de mayo de 2012, por el Abogado Marcos Goitia, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano José Ignacio Martínez, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas en fecha 24 de mayo de 2012, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado Marcos Goitia, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ contra el ESTADO APURE (Comandancia General de Policía del estado Apure). Esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del mismo; 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3. FIRME el fallo apelado.

En el "recurso contencioso tributario" interpuesto el 9 de noviembre de 2012, por la ciudadana Adelaida Josefina Hernández, actuando con el carácter de Director Administrativo de la Sociedad Mercantil CENTRO CLÍNICO BELLO CAMPO, CONSULTORIOS, C.A., debidamente asistida por los Abogados Francisco Lepore Girón y Nil Erich Moncada Guerrero; contra el silencio administrativo de efectos negativos del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), en virtud del recurso de reconsideración presentado el 30 de mayo de 2012, contra la Providencia Nº OACHD-DGF-2011-000260 del 30 de abril de 2012, dictada por la Oficina Administrativa de Chacho adscrita a la Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero del referido Instituto. Esta Corte ORDENÓ remitir el presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de que conozca la solicitud oficiosa de regulación de competencia.

En el recurso de apelación ejercido el 28 de octubre de 2010, por el ciudadano HENRRY YOVANNI GARCÍA BUSTOS contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 14 de octubre de 2010, que declaró Sin Lugar la querella funcionarial incoada contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (CICPC). Esta Corte declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer la apelación; 2. CON LUGAR la apelación; 3. NULO el fallo apelado; 4. PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial; 4.1. NULO el acto administrativo impugnado; 4.2. ORDENÓ la reincorporación del querellante, así como el pago de los salarios dejados de percibir; 4.3.- NEGÓ el pago por concepto de "¿primas (¿) vacaciones, bono vacacional, bonificaciones de fin de año y cualquier otro beneficio (¿) de cuyo disfrute se [le] haya privado"; 4.4. INOFICIOSO pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria; 4.5. ORDENÓ practicar experticia complementaria del fallo.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de septiembre de 2009 por los Abogados Alexander Gallardo Pérez y Oscar Guilarte, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la ciudadana LEGNA ROSA GARCÍA MANCILLA, contra la sentencia dictada en fecha 23 de julio de 2009, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial formulado, contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN). Esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación incoado. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. FIRME el fallo apelado.

En la demanda de nulidad interpuesta por el Abogado Antulio de Jesús Moya Tovar, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil IMPORTACIÓN AMERICANA D, C.A., contra la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX). Esta Corte ORDENÓ oficiar al Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), para que en el lapso de diez (10) días de despacho, remita a esta Corte copia certificada de los expedientes administrativos relacionados con las Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación identificadas con los Nros. 15773225 y 15773148, respectivamente. Asimismo, APERCIBIÓ al referido funcionario que la omisión o retardo en la remisión del expediente administrativo, dará lugar a la imposición de sanción de multa, conforme al contenido del artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.