Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la apoderada judicial del ciudadano CARLOS RAMÓN MARCHENA MONASTERIOS, contra la decisión dictada por el Juzgado a quo, en fecha 3 de junio de 2008, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el referido ciudadano, contra la Providencia Administrativa Nº 1267-04 de fecha 30 de julio de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO LIBERTADOR, en la cual declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada contra la sociedad mercantil Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3.- FIRME el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 2.- REPUSO la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contando a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia contemplado en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por los abogados Alberto Cedeño Rigual y Maximiliano Fuenmayor Sánchez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 3.169 y 15.114, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos ASCANDER CONTRERAS UZCÁTEGUI, JESÚS ANTONIO VILLARREAL HIDALGO, JOSÉ LORENZO TORRES DUGARTE, DANILO TASSONI MAGRINI, IMPERIO LUGO DE RODRÍGUEZ y JOSÉ FRANCISCO BOTELLO WILSON, titulares de las cédulas de identidad Nros. 925.452, 3.472.381, 680.923, 7.072.476, 3.206.525 y 3.292.424, respectivamente, contra los Oficios Nros. CU-318 y CU-319 de fecha 8 de mayo de 2002, dictados por el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO . Se ordenó el archivo del expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ordenó la notificación personal de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT) y de las siguientes agencias de viajes: Tomaca Tours C.A., Alitour C.A., Internacional Agencia de Viajes C.A., Viajes Suevia C.A., Transmundial C.A., El Faro Agencia de Viajes C.A., Tur-V-Special Tours C.A., Agencia de Viajes y Turismo Halcón C.A., Viajes Andari C.A., Agencia de Viajes y Turismo Afortunada Tours C.A. y Adrián Tours C.A., para que, dentro de un lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, tengan acceso al expediente llevado por esta Corte y de considerarlo necesario, ejerzan el control de la prueba de los documentos insertos en el mismo, y en general, expongan lo que a bien tengan en defensa de sus derechos, con motivo del recurso de nulidad interpuesto por la parte recurrente contra el acto administrativo impugnado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por esta Corte el 17 de noviembre de 2010, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al lapso de diez (10) días de despacho, dentro de los cuales las partes apelantes deberán presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamentan las apelaciones interpuestas, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el ciudadano HENGURBET JESÚS CARRILLO, titular de la cédula de identidad Nº 15.793.548, asistido por el abogado Luis Alberto Tomédes Ojeda, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 72.384, contra la decisión dictada en fecha 12 de abril de 2007, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN (DISIP) (hoy SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA (SEBIN)). 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte:1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 19 de mayo de 2010, por el abogado Jorge Andrés Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 71.656, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 29 de abril de 2010. 2.- CON LUGAR la apelación ejercida. 3.- REVOCA la sentencia apelada. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por lo que anula el acto administrativo N° DG-0032-2008, de fecha 3 de julio de 2008, únicamente lo relativo al retiro del ciudadano Eleazar Emilio Morante Heredia, ordenando en consecuencia, su reincorporación por el lapso de un (1) mes a los fines de efectuar las gestiones reubicatorias y el correspondiente pago de dicho mes. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer en virtud de la consulta de Ley de la sentencia dictada el 17 de enero de 2011 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ALEXIS JOSÉ ROMERO, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA con las modificaciones expuestas en la motiva del presente fallo, la decisión consultada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte recurrente, contra el fallo dictado por el Juzgado a quo, mediante el cual declaró con lugar el recurso incoado por la representación judicial de la ciudadana ILSELYS DEL VALLE ÁLVAREZ ANDRADE, contra el MUNICIPIO TORRES DEL ESTADO LARA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación. 3.- SE ANULÓ el fallo apelado. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto, y en consecuencia: 4.1.- ORDENÓ la reincorporación de la querellante. 4.2.- ORDENÓ pagarle el monto equivalente a la suma de sus sueldos dejados de percibir así como los beneficios socioeconómicos exceptuándose aquellos que requieran la prestación efectiva del servicio. 4.3.- ORDENÓ la realización de una experticia complementaria.4.4.- SE NEGÓ la corrección monetaria solicitada. 4.5.- SE NEGÓ la condenatoria en costas. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado a quo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por le apoderada judicial del querellante, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial incoada por los apoderados judiciales del ciudadano JESÚS ARMANDO MURO, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2.- REVOCA la sentencia apelada. 3.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 4.- Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial. 4.1.- ORDENA el recálculo de la prestación de antigüedad y de los intereses adicionales del querellante. 4.2.- ORDENA el pago de los intereses de mora. 4.3.- NIEGA la corrección monetaria sobre las cantidades adeudas. 5.- ORDENA la realización de una experticia complementaria. Se ordenó notificar.