En el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por la ciudadana MARÍA EUGENIA BELLORÍN, titular de la cédula de identidad N° 8.357.665, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MARIÑO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA; esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de marzo de 2010, por la ciudadana querellante, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 17 de marzo de 2010, mediante la cual declaró desistido el recurso que interpuso; 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 3. En consecuencia, FIRME la decisión recurrida.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- ACEPTA la competencia declinada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 10 de marzo de 2011 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por la abogada Matilde Martínez Valera, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A., contra el acto administrativo Nº CAD-PRE-CJ-112828 de fecha 17 de abril de 2009, notificado en fecha 29 de abril de 2009, dictado la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por la referida sociedad mercantil, confirmando así las Providencias números CAD-PRS-VACD-GFC-40806 y CAD-PRS-VACD-GFC-40807 de fecha 14 de enero de 2009, mediante las cuales declaró la perención de las solicitudes Nros. 8570315 y 8693660.

1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 11 de julio de 2011, por la abogada Patricia Isabel Caraballo Briceño, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 162.036, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil IMPORTADORA OLICAL, C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 30 de junio de 2011, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Gustavo Orlando Caraballo inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 88.689, actuando como apoderado judicial de la parte querellante, contra la providencia administrativa Nº 148-2009 de fecha 29 de mayo de 2009 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO VARGAS. 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de los recursos de apelación interpuestos. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del ciudadano Gustavo Merentes Fuentes. 3.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el sustituto de la Procuraduría del Estado Bolivariano de Miranda. 4.- REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 25 de octubre de 2011, y en consecuencia se declara: 5.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: La REANUDACIÓN de la presente causa al estado de que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia contemplado en el artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; previa notificación de las partes, en el entendido que una vez conste en actas la última de las notificaciones ordenadas, mediante auto expreso y separado se fijará el lapso de diez (10) días de despacho más cinco (5) días que se conceden como término de la distancia, para que la parte apelante presente por escrito las razones de hecho y de derecho en las que fundamente su recurso, así como las pruebas documentales que tenga a bien hacer valer.

Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual declaró: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación; 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del presente fallo, para que una vez que conste en autos su notificación, la parte accionada dé contestación a la fundamentación de la apelación, de conformidad con lo establecido en el aparte 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual: ORDENA notificar a la ciudadana NAILEYTH JOSEFINA SOTO DE GARCÍA para que tenga conocimiento del abocamiento de fecha 16 de enero de 2012 y comparezca en un lapso de diez (10) días, contados una vez vencido el día de despacho que se le concede como término de la distancia, a los fines de que manifieste su voluntad de continuar con la presente causa, la cual se ve constituida por el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto el día 6 de marzo de 2002, contra INSTITUTO AUTÓNOMO REGIONAL DE VIALIDAD DEL ESTADO CARABOBO (INVIAL), advirtiéndose a la parte querellante que de no presentarse a manifestar su interés en la presente causa, se declarará la pérdida del interés y la extinción de la instancia. Asimismo, se acuerda la notificación del INSTITUTO AUTÓNOMO REGIONAL DE VIALIDAD DEL ESTADO CARABOBO (INVIAL), a los fines de que tenga conocimiento de la presente decisión y de dicho abocamiento.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por el abogado RICARDO TRIA LOIS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 41.157, y actuando en su propio nombre y representación, contra la sentencia emitida por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción de Judicial del Estado Bolívar en fecha 17 de noviembre de 2011, por medio de la cual declaró inadmisible la demanda intentada contra la sociedad mercantil C.V.G. FERROMINERA ORINOCO, C.A. y el ciudadano HENRRY DE JESÚS HERRERA MALAVÉ; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena notificar a las partes para que comparezcan en un lapso de diez (10) días, a los fines de que manifiesten su voluntad de continuar con la presente causa, la cual lo constituye el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar en contra de la Cámara Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, por el ciudadano Rafael Simón Herrera, titular de la cédula de identidad Nº 1.896.536, debidamente asistido por el abogado Antonio Paraco Morales, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 54.241.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo ORDENA la notificación del INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en el expediente el recibo de la notificación, dé cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión. Asimismo, se ORDENA la notificación de la ciudadana ZINZUKE HERNÁNDEZ, en su condición de parte recurrente en la presente causa.