La Corte DECLARA que la Posesión y Administración de los bienes objeto de expropiación de la sociedad mercantil CEMEX VENEZUELA, S.A. C.A., sus empresas filiales y afiliadas, le corresponde al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA Y PETRÓLEO; Se DECLARA que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA como Director de la acción de gobierno en el Poder Ejecutivo Nacional intervenga con las más amplias facultades; Se DECLARA que la Administración de la sociedad mercantil CEMEX VENEZUELA, S.A. C.A., se ejercerá por la Comisión nombrada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, o cualquier otra autoridad, Comisión u Órgano que el Presidente de la República o, en su defecto, el Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo designen a tal efecto; Se EXHORTA a los órganos de seguridad del Estado que presten el apoyo institucional para resguardar la seguridad.

La Corte, declara QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Rubén Darío Ortiz, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana KEILA VELÁSQUEZ, contra el fallo dictado en fecha 5 de marzo de 2003 por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo en la Circunscripción Judicial de la Región Sur Oriental, que declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta por la referida ciudadana, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DELTA AMACURO. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. REVOCA el fallo apelado. Conociendo del fondo del asunto, declara SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta.

La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogada Nayrobis Quijada, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.895, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ALYS MÉNDEZ RIVERO, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL TRABAJO (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL). CON LUGAR la apelación interpuesta. ANULA la sentencia apelada. ORDENA al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, pronunciarse sobre el fondo del presente asunto.

La Corte, en aras de realizar un pronunciamiento ajustado al principio de verdad material, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 514 del citado Código de Procedimiento Civil, estima necesario solicitar a la abogada Francis Nathaly Azevedo, en su condición de apoderada judicial del Consejo Legislativo del Estado Amazonas, para que remita dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a su notificación, más seis (6) días continuos que se le conceden como término de la distancia, copia del poder original que acredita su representación, donde se le faculte expresamente para transigir de la presente acción. Así se decide.

La Corte, declara La REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado de que se notifique a la Procuraduría General de la República de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de septiembre de 2010, con motivo del "recurso contencioso administrativo de nulidad" interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y medida de suspensión de efectos por la representación judicial de la empresa OFICINA TÉCNICA GONCAR. C.A., contra la Resolución Nº 0008017 de fecha 26 de febrero de 2009, emanada del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE. NULOS Y SIN EFECTOS JURÍDICOS todos los actos realizados en el proceso a partir de la fecha en que se dictó el referido fallo.

La Corte declaró ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar solicitada por la representación de la sociedad mercantil INVERSIONES LNH C.A. ORDENA la remisión inmediata de la presente causa al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del presente recurso, con prescindencia de la competencia, ya analizada en el presente fallo.

En aras de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de las partes, y de salvaguardar la seguridad jurídica que debe imperar en todo proceso judicial, este Órgano Jurisdiccional una vez estudiadas las actas procesales que conforman el expediente, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, revoca la decisión de fecha 16 de julio de 2007, proferida por el Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur a través de la cual declaró inadmisible por caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en virtud del evidente error en el que incurrió el a quo al momento de computar el lapso de caducidad

La Corte, declarara con lugar la apelación interpuesta por el apoderado judicial del querellante, en consecuencia, se revoca el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en fecha 17 de febrero de 2003, mediante el cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial, en razón de haber operado la caducidad. Así se decide.

La Corte declara SIN LUGAR el "recurso contencioso administrativo de nulidad" interpuesto por el abogado Jesús Becerra Briceño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 107.245, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano RIGO ANTONIO CARREÑO MÉNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 6.026.939, contra el acto administrativo de fecha 9 de agosto de 2002, emanado de la entonces DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN (DISIP) (hoy SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN)), mediante el cual se ordenó la destitución del prenombrado ciudadano de dicho organismo.

La Corte declaró SIN LUGAR la oposición presentada en fecha 24 de marzo de 2009, por la abogada Yurimar Rodríguez Rolo, actuando con el carácter de apoderada judicial del Municipio Baruta del Estado Miranda, a la medida cautelar decretada en la sentencia Nº 2009-262 de fecha 19 de febrero de 2009 dictada por esta Corte; Que el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital es el Tribunal competente para conocer la solicitud de ejecución de la sentencia Nº 2009-262 de fecha 19 de febrero de 2009 dictada por esta Corte; Se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en los términos expuestos en el presente fallo y Se REVOCA el auto de fecha 15 de abril de 2009 dictado por el Juzgado de Sustanciación dado que se verificó mediante fianza judicial la caución exigida por esta Corte en la sentencia Nº 2009-262.