En el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por los abogados Carlos Alberto Pérez y Stalin Rodríguez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 8.067 y 58.650 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano JUAN DE JESÚS SUÁREZ PULGAR, titular de la cédula de identidad N° 157.442, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI); esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de abril de 2004, por la apoderada judicial del Instituto querellado contra la sentencia dictada en fecha 15 de marzo de 2004 por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso interpuesto, 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil ALIMENTOS POLAR COMERCIAL, C.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte en fecha 4 de julio de 2012, mediante la cual declaró inadmisible por haber operado la caducidad la "demanda de nulidad parcial" contra "[¿] la AUTORIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE DIVISAS (´ALD´) Nº 2173633" emitida por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, se CONFIRMA la decisión de fecha 4 de julio de 2012, dictado por el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional mediante la cual se declaró inadmisible la referida "demanda de nulidad parcial" ejercida.

Se dictó desición mediante la cual esta Corte: 1.- declaró Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 2 de octubre de 2008, por la abogada Marisela Cisneros Añez, actuando con el carácter de representante judicial del ciudadano José Guillermo Landaeta Campos, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el 29 de septiembre de 20008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado. 2- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMÓ con las modificaciones expuestas en la motiva del presente fallo la referida decisión. Se ordenó la remisión del expediente al Juzgado de origen.

En el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARÍA AZUCENA ORTIZ DE MENDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 3.819.677, asistida por la abogada Mónica Padrón Acosta, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 122.910, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (DEM); esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la sustituta de la Procuraduría General de la República, contra la sentencia dictada en fecha 16 de junio de 2009 por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso interpuesto; 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- Se ANULA la sentencia apelada; 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogada Deisy Andreina Rojas Paredes, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 119.341, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana GLADIS COROMOTO CORDERO DE VALDERRAMA, titular de la cédula de identidad Nº 4.242.894, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 16 de enero de 2012, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana, contra la "GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA". 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3.- FIRME el fallo apelado. Se ordenó remisión del expediente al Tribunal de origen.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la ciudadana DAMARYS EMIGIA MORENO, asistida por la abogada Francy Coromoto Becerra, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, en fecha 6 de septiembre de 2004, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3.- FIRME el fallo apelado. Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el 25 de mayo de 2006 por la abogada Rina Gil, en su condición de apoderada judicial del DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS contra la sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2006 por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JESÚS LEÓN SAYAGO DURÁN, contra el referido ente. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3.- PROCEDENTE la consulta de Ley. 4.- Se REVOCA el fallo apelado. 5.- SIN LUGAR el recurso contencioso funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la demanda que por daños y perjuicios interpusiera el abogado Marlon Rosillo Gil, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana GLORIA SABENIS CASTILLO contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA. 2.-HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO del procedimiento presentado por el apoderado judicial de la parte demandante. Se ordenó la notificación.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de por la abogada María Bracho Reyes, actuando con el carácter de sustituta del Procurador General del Estado Zulia, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 20 de abril de 2004, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana ANA MARÍA MENDOZA ARAUJO, asistida por la abogada Nola Edicta Gómez Ramírez, contra la RENTA DE BENEFICIENCIA PÚBLICA DEL ESTADO ZULIA, adscrita a la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA. 2. CON LUGAR la apelación ejercida. 3. REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado a quo en fecha 20 de abril de 2004, en consecuencia se declara;4.- INADMISIBLE la querella funcionarial interpuesta por haber operado la caducidad de la acción.

En aras de garantizar el derecho a la defensa, al debido proceso de las partes y a la tutela judicial efectiva, y de salvaguardar la seguridad jurídica que debe imperar en todo proceso judicial, este Órgano Jurisdiccional una vez estudiadas las actas procesales que conforman el expediente, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, revoca la decisión de fecha 23 de julio de 2007, proferida por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Estado Lara, a través de la cual declaró inadmisible por haber operado la caducidad en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en virtud del evidente error en el que incurrió el a quo al momento de computar el lapso de caducidad.