Se dictó decisión mediante la cual se admitió las documentales contenidas en el expediente administrativo y la señalada con la letra B por la representación judicial de la ciudadana FRANCA LUCY BALDUCCI SILANO, en su carácter de tercero interesado, por no ser manifiestamente impertinente, en virtud, de existir coincidencia entre los hechos litigiosos objetos de la prueba y lo analizado en el caso de autos, razón por la cual, se desecho la oposición efectuada por la representación de la parte demandante referente al argumento en relación a la impertinencia de las documentales citadas.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por el apoderado judicial de la empresa demandante, de la siguiente manera: En cuanto a las documentales promovidas en el particular Primer, se admite cuanto ha lugar en derecho se requiere, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes; En cuanto a la documental del particular Segundo, no puede pronuinciarse por cuanto no indica cuál es la documental promovida o qué documento constituye esa prueba señalada; En cuanto a las documentales del particular Tercero, la inadmite por ser manifiestamente ilegal y no constituir medio de prueba alguno; En cuanto a la Oposición formulada, se desecha por cuanto el escrito de oposición presentado por el abogado de la empresa demandante no se corresponde a la oposición legal de las pruebas sino al escrito de alegatos presentado por la dda.

Se dictó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por el Sustituto de la Procuraduría General de la República de la siguiente manera: En cuanto al mérito favorable de las documentales en los autos y el principio de la comunidad de la prueba promovidas, de los cuales se ha sostenido que no es medio de prueba alguno, pues el Juez está obligado a pronunciarse sobre todo lo alegado y probado en las actas, en virtud al principio de exhaustividad, previsto en el art. 509 del CPC. Por tanto, corresponderá a la CSCA en la sentencia de fondo, la valoración de la totalidad del expediente.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró COMPETENTE a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda de nulidad interpuesta por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil PIRELLI DE VENEZUELA, C.A., contra el acto administrativo No. MINCOMERCIO-SIEX-CJ-392-2013, de fecha 19 de septiembre de 2013, dictada por la SUPERIENTENDENCIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS (SIEX); INADMISIBLE, la referida demanda de nulidad; por haber operado la caducidad de conformidad con lo establecido en el artículo 35 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por el apoderado judicial de la parte demandada, de la siguiente manera: En cuanto a las pruebas documentales del capítulo I, se admiten, cuanto en derecho se requiere por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva, asimismo se admitió prueba de informes solicitada a la Alcaldía del Municipio Baruta y a la Superintendencia de las Instituciones Financieras del Sector Bancario, a los cuales se le concedió diez (10) días de despacho a los fines de que remitan lo solicitado.

Se dictó decisión mediante la cual este Juzgado de Sustanciación declaró COMPETENTE a la CSCA para conocer y decidir la demanda de contenido patrimonial interpuesta por las apoderadas judiciales del ciudadano JESÚS FLORENCIO ROBLES contra el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIECONÓMICOS (SUNDDES), ADMIIÓ la referida demanda; ordenó emplazar al Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDES); ordenó notificar al ciudadano PGR y al Ministro del Poder Popular para el Comercio; estableció que se fijará la audiencia preliminar una vez conste en autos la citación y notificación ordenadas y transcurridos los noventa (90) días a que alude el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la LOPGR.

En fecha 7 de abril de 2014, este Juzgado de Sustanciación observó que la presente demanda de nulidad ejercida conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano Juvalle Ramón Silva, asistido por el abogado Wilson Antonio López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 60.134, contra el Contraloría General del Estado Guárico, fue interpuesta tempestivamente sin verificarse alguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo, se ordenó notificar al ciudadano Procurador General de la República, a la ciudadana Fiscal General de la República, al Procurador General, Direcrector de Determinación de Responsabilidades y Contralor General del estado Guárico.

En fecha 07 de abril de 2014, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual se providenció el escrito de pruebas presentado por el abogado Edgar José Padilla, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Nora Beatriz González Molero, en su condición de heredera universal del de cujus Jorge Enrique Gonzaléz Molero, contra la Universidad Central de Venezuela.

En fecha 7 de abril de 2014, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual se admitió la presente demanda de nulidad ejercida conjuntamente con medidad cautelar de suspensión de efectos por el abogado José Stalin Martínez Gago, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 17.342, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil MEGA IMPORT SUPPLY, S.A., contra el acto administrativo PRE-VCO-GVO de fecha 08 de julio de 2013, notificado en fecha 1 de agosto de 2013, dictado por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX). Se ordenó notificar al ciudadano Procurador General de la República, a la ciudadana Fiscal General de la República y al ciudadano Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), solicitándosele a este último los antecedentes administrativos del caso.

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. Se REVOCA el fallo apelado. Se ordena REPONER la causa al estado en que se notifique nuevamente a las partes de la admisión del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, incluyendo a los accionistas de la empresa recurrente, esto es, a la Procuraduría General del estado Monagas y a los Alcaldes integrantes de la Mancomunidad Monaguense de Acueductos, todo ello, con base en lo previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.