LA CORTE dictó decisión mediante la cual acordó remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado del Municipio Plaza de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, junto al respectivo expediente para su archivo.

LA CORTE declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta por la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA, representado por la Procuradora General del Estado Miranda, la abogada Mariajosé Velásquez, Inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 97.085, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de febrero de 2006, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana FELICIANA ÁNGELA LUCCI, contra la referida Gobernación. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR la querella. 4.1.- SE ANULA el acto impugnado. 4.2.- SE ORDENA la tramitación del otorgamiento de la jubilación. 4.3.- SE ORDENA experticia complementaria. 4.4.- SE NIEGA la condenatoria en costas.

LA CORTE dictó Sentencia en la que declaró: 1.COMPETENTE para conocer por consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 2 de febrero de 2005, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano OTTMAR JOSÉ FERNÁNDEZ YORIS, contra el INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU), hoy INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS). 2. Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 2 de febrero de 2005, por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

LA CORTE declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Molina Agencia de Viajes, C.A. en fecha 9 de agosto de 2011, respectivamente, contra el auto proferido por el mencionado Órgano Jurisdiccional en fecha 2 de agosto de 2011, que declaró con lugar la oposición a las pruebas promovidas por los apoderados judiciales de la parte recurrente; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- Se CONFIRMA el auto dictado por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital de fecha 2 de agosto de 2011, mediante el cual se pronunció sobre la admisión de las pruebas promovidas.

LA CORTE ORDENO NOTIFICAR al ciudadano Jesús Simón Alemán Martínez así como al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME) y a la Procuraduría General de la República del contenido del auto de fecha 16 de enero de 2012, dictado por este Órgano Jurisdiccional para que expongan, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en autos el recibo de las notificaciones respectivas, si conserva interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, expresen los motivos por los cuales mantiene el referido interés en el recurso de apelación interpuesto además de ser notificados del abocamiento de esta Corte en fecha 16 de enero de 2012. En caso de que no realice respuesta, dentro del plazo que fue fijado, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considerará la pérdida del interés en el recurso interpuesto.

LA CORTE dictó decisión mediante la cual declaró DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano AUGUSTO PÉREZ GÓMEZ, quien es Director-Presidente y Accionista del cincuenta por ciento (50%) del capital social de la sociedad mercantil ASTRA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A., así como del ciudadano RANDOLPH ANTHONY MORRISON BASALO, quién es Director-Vicepresidente de la prenombrada sociedad mercantil y único accionista de PEARLITE, S.A., sociedad mercantil, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 61 de fecha 30 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.597 de fecha 19 de enero de 2011 emanado de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES.

LA CORTE declaró: 1. Que es COMPETENTE para conocer de la consulta obligatoria establecida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la cual fue sometida la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero de Transición en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 19 de noviembre de 2003, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta por la abogada Hildegart Bustamante, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano MORTINER JOSÉ ARREAZA ABAD, contra el INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE). 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 3.- CONFIRMA en los términos expuestos conociendo en consulta de Ley la sentencia. 4.- Se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo.

LA CORTE declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta, por la abogada Elizabeth Abreu Mendoza, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano EDMUNDO RAFAEL FIGUEROA contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 26 de noviembre de 2010 que declaró inadmisible por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano contra la CÁMARA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA el fallo apelado. 4.- INADMISIBLE por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

LA CORTE declaró: IMPROCEDENTE la prohibición de enajenar y gravar solicitada por la abogada Jeanette Prieto Cordero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 70.864, actuando con el carácter de representante judicial de los ciudadanos MILAGROS COROMOTO CORDERO DE BAPTISTA, MARY JULIETA CORDERO DE PRIETO, RAMÓN ANTONIO CORDERO MARIN, SARA LUISA CORDERO DE CAMPOS, FRANZ ALBERTO CORDERO MARIN , HERNAN JESÚS CORDERO MARIN, PATRICIA OROPEZA DE CORDERO, DANIELA CORDERO OROPEZA y LUIS ALEJANDRO CORDERO OROPEZA, titulares de las cédulas de identidad Números 3.865.057, 1.123.254, 1.120.425, 1.123.253, 3.529.974, 1.120.087, 10.054.100, 16.523.697 y 17.260.859, respectivamente, contra el MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO PORTUGUESA y la Sociedad Mercantil URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES C.A.

LA CORTE declaró: 1.-SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 20 de enero de 2005, por el sustituto del Procurador General del Estado Trujillo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 18 de octubre de 2004, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los apoderados judiciales del ciudadano CÉSAR AUGUSTO YUSTTI, contra la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO TRUJILLO; 2.-DESISTIDO el recurso de apelación ejercido; 3.-REVOCA en razón de la consulta de ley; 4.-SIN LUGAR el recurso interpuesto. 5.-REMITIR copia certificada del fallo apelado y de la presente decisión a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 y 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.