Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 14 de abril de 2005, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital de fecha 1º de marzo de 2005, mediante el cual declaró inadmisible por caducidad el recurso contencioso administrativo interpuesto por la ciudadana ELENA RUIZ DE BERMÚDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 6.523.901, en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA. 2.- CONFIRMA INADMISIBILIDAD del recurso contencioso administrativo interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 10 de noviembre de 2011, por las abogadas Lucía Salazar Fermín y Victoria Navia Quintero, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 18.378 y 40.454, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la Gobernación del Estado Nueva Esparta, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta el 12 de agosto de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana RANCIP EUGMAR RODRÍGUEZ YÁNEZ, asistida por la abogada Margarita Marlene Nassane B., contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- SE CONFIRMA el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la ciudadana Virginia Teresita Vásquez González Lobo, en su carácter de la Jueza Provisoria del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana LIGIA MARÍN MATA, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. 2.- CON LUGAR la inhibición propuesta. 3.- SE ORDENÓ NOTIFICAR de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la ciudadana Virginia Teresita Vásquez González, en su condición de la Jueza Provisoria del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es ES COMPETENTE para conocer de las apelaciones interpuestas por el abogado Arturo Rafael de Jesús Montes Sánchez, actuando con el carácter de Sustituto del Procurador General del Estado Bolívar en fecha 27 de agosto de 2003, y por el abogado Alcides Barolozzi Garrido, actuando con el carácter de apoderado judicial de la querellante, en fecha 29 de agosto de 2003, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y en lo Contencioso Administrativo del Estado Bolívar, en fecha 23 de julio de 2003, mediante la cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta contra el INNTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL SUR (INCRESUR). 2.- REVOCA por razones de orden público la sentencia apelada. 3.- INOFICIOSO conocer de las apelaciones interpuestas. 4. Ordenó reponer la causa. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual declaró: 1.- CORRIGE de oficio el error material involuntario en el que se incurrió en la decisión Nº 2012-0390, dictada por esta Corte, en fecha 6 de marzo de 2012, en la que se ordenó la reposición de la causa al estado de contestación de la fundamentación a la apelación y, en consecuencia, en donde se lee " 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del presente fallo (...) de conformidad con lo establecido en el aparte 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela ", deberá entenderse " 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del presente fallo (...) de conformidad con lo establecido en los artículos 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa" 2.- TÉNGASE la presente decisión como parte integrante de la sentencia Nº 2012-0390 dictada por esta Corte en fecha 6 de marzo de 2012.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el abogado Luis Abraham Rizek Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 10.061, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LISNAY ALCALÁ DE MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.972.806, contra la decisión dictada en fecha 1º de febrero de 2012, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial contra la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO presentado mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2012, por el apoderado judicial de la ciudadana Lisnay Alcalá de Martínez.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 8 de abril de 2010, por los abogados Óscar Hernández y María Hernández, en su carácter de apoderados judiciales de AZUCA, C.A., contra la decisión dictada el 22 de julio de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la Providencia Administrativa Nº 246 de fecha 30 de junio de 2007 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, SEDE "PEDRO PASCUAL ABARCA". 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la decisión dictada por el por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental de fecha 11 de agosto de 2009.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el abogado Luis Abraham Rizek Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 10.061, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana HERMINIA YOLANDA HENRÍQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.972.806, contra la decisión dictada en fecha 2 de febrero de 2012, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial contra la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO presentado mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2012, por el apoderado judicial de la recurrente. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital de fecha 20 de diciembre de 2011, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARY JOSEFINA DÍAZ DE REQUENA, titular de la cédula de identidad Nº 5.113.433, asistida por el abogado Pilar Botomo Luces inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 16.329, contra el GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República hoy artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMA la referida decisión.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 1º de febrero de 2005, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo y 2.- REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio a la relación de la causa, contemplada en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.