Esta Corte declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte recurrida, asimismo REVOCA la decisión apelada y conociendo el fondo del asunto, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial, y en consecuencia, se ORDENA la reincorporación de la parte recurrente por el lapso de un (1) mes de disponibilidad, al cargo que ejercía al momento de ser removido del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con el pago del sueldo correspondiente a dicho período, para que se realicen las respectivas gestiones reubicatorias, y solo en caso de ser infructuosas las mismas se procederá al retiro de la funcionaria.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Gustavo Adolfo Domínguez Florido, actuando con el carácter de apoderado judicial de la COMPAÑÍA NACIONAL ANÓNIMA DE SEGUROS LA PREVISORA, a tenor de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, contra el fallo dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Alzada en fecha 20 de junio de 2013 que desestimó "la solicitud de nulidad del auto de fecha 19 de julio de 2012". 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada. 3.- Se CONFIRMA, el auto apelado. 4.- Se ordena REMITIR el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Alzada a los fines que continúe el proceso principal.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con Solicitud de Suspensión de Efectos y, Medida Cautelar Innominada, por las sociedades mercantiles ATENTO, N. V. y ATENTO VENEZUELA, representadas judicialmente por el abogado Rafael Díaz Oquendo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución número MILCO-SIEX-059-2007, de fecha 28 de septiembre de 2007, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS (SIEX), a través de la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra el acto administrativo número MILCO-SIEX-DRI-0836-2007 del 26 de julio de 2007, por no haberse comprobado el ingreso de divisas para la realización del aporte, ni la aportación al bien capital de la empresa receptora. Se ordenó notificar a las partes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. NO ACEPTÓ LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 26 de noviembre de 2012, para conocer de la "recurso contencioso administrativo funcionarial" incoada por el ciudadano PEDRO RAMÓN MARTINEZ GUZMAN, asistido por el abogado Ramón José Gregorio Colmenares Salas, contra el acto administrativo Nº 0252, de fecha 7 de septiembre de 2009, emanado del CONSEJO DISCIPLINARIO DEL DISTRITO CAPITAL DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C.). 2.- PLANTEÓ EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA y en consecuencia, ordenó la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que conozca el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la ciudadana Teresa del Valle Gabriel Jiménez, asistida por la abogada Lourisa del Jesús Salazar Bellorín, contra la decisión dictada en fecha 25 de junio de 2007, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bines de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la mencionada ciudadana contra la "DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL ESTADO MONAGAS". 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su INCOMPETENCIA de forma sobrevenida para el conocimiento del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto conjuntamente con Medida de Amparo Cautelar por el ciudadano OSCAR JESÚS TORREALBA QUINTERO, representado por la abogada Thais Milagros Guillén Valbuena, antes identificados, contra la decisión número 12 de fecha 20 de marzo de 2012, dictada por el Consejo Disciplinario del Distrito Capital del CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C.), mediante la cual fue destituido de su cargo. 2.- Se PLANTEA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; y en consecuencia: 2.1.- Se ORDENA la remisión de la presente causa, a la referida Sala.

Esta Corte dictó decisión medición mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de marzo de 2009, por la abogada Paola Hernández Delgado, actuando en su carácter de abogada sustituta de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 30 de marzo de 2007, que declaró parcialmente con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial ejercido por la ciudadana MERY MIRELLA COLMENARES PERDOMO; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación; 3.- PROCEDENTE la consulta de Ley establecida en el artículo 72 del Decreto con Rangodel Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 4.- CONFIRMA el fallo consultado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en la Demanda por Abstención o Carencia, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, interpuesta por el ciudadano Ramón Emilio Crassus, actuando en su condición de PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MIRANDA, en su propio nombre y asistido por el abogado Jhonny Vásquez Zerpa, contra el incumplimiento del Ejecutivo Nacional, por órgano de la TESORERÍA NACIONAL de proveer los recursos por concepto de Servicios de Salud, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 28 del Convenio de Transferencias al estado Miranda de los Servicios de Salud prestados por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y por organismos adscritos, de fecha 25 de octubre de 1995, celebrado de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. 2. TERMINADO el presente procedimiento.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: la NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 10 de diciembre de 2013, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de fundamentación de la apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Fernando Valera, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INTERBANK SEGUROS, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 28 de octubre de 2013, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda de ejecución de fianza interpuesta por el INSTITUTO AUTÓNOMO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO MIRANDA (INFRAMIR), contra la referida sociedad mercantil. 2.- PROCEDENTE la solicitud de suspensión de la causa. 3.- Se ACUERDA la suspensión de la causa por un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la publicación del presente fallo.