Esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE la solicitud hecha por la abogada Nieves Josefina Jaimes Rojas, actuando en su carácter de representante judicial de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, mediante la cual requirió a esta Corte valorar la inspección judicial extra litem efectuada en fecha 27 de mayo de 2009, en el marco del procedimiento de expropiación iniciado conjuntamente con medida cautelar innominada de ocupación, posesión, uso y administración de bienes muebles e inmuebles, así como las bienhechurías que conforman el fundo Hato El Frío, afectados por la adquisición forzosa en favor de la República mediante Decreto N° 6.657 de fecha 30 de marzo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.150 de fecha 31 de marzo de 2009, que afecta a la sociedad mercantil INVERSIONES VENEZOLANAS GANADERAS (C.A. INVEGA).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declara 1. Que es COMPETENTE para conocer de la consulta de Ley a la cual fue sometida la decisión dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 24 de febrero de 2012, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana SAISBEL ANGÉLICA PEÑA FARIÑAS, actuando en su propio nombre, titular de la cedula de identidad Nº 14.890.115 inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 144.754, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA. 2.- Se CONFIRMA el fallo sometido a consulta de Ley, dictado por Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 24 de febrero de 2012.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en fecha 25 de abril de 2012 por la ciudadana MARÍA PÉREZ DIEGO, titular de la cédula de identidad número 6.251.262, asistida por el abogado Luis Alfonso Herrera Orellana, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 97.685, contra los actos administrativos de fecha 1º de noviembre de 2011 y 20 de septiembre de 2011, dictados por la Directora de la OFICINA DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, mediante el cual se determinó su responsabilidad administrativa y se le impuso multa de doscientas veinticinco unidades tributarias (225 U.T.).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró DESISTIDO el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano EVERT JOSÉ BORRERO CHACÓN, actuando en nombre propio y previamente identificado, contra la Resolución Nº 22 de fecha 27 de diciembre de 2010, donde se le impuso sanción de quinientas (500) unidades tributarias por haber incurrido en los hechos generadores de responsabilidad administrativa señalados en los numerales 26 y 29 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por los abogados Rafael Badell Madrid, Nicolás Badell Benítez, María Verónica Bastos Pargas y María Valentina Villavicencio El Darjani, previamente identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la entidad bancaria MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la Providencia S/N, dictada por el Presidente del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), en fecha 28 de enero de 2011, y notificada en fecha 7 de febrero de 2012, la cual sancionó a la referida institución financiera con multa de Trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.) por la supuesta trasgresión de los artículos 18, 19 y 78 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley con motivo de la decisión dictada en fecha 31 de marzo de 2011, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ISABLE ANTONIA DONIS HERNÁNDEZ, debidamente asistida por la abogada Pilar Botomo Luces, antes identificada, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2. Conociendo en consulta REVOCA PARCIALMENTE el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 31 de marzo de 2011. 3. Se declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es COMPETENTE 1.- para conocer de la apelación interpuesta en fecha 5 de marzo de 2012, por el abogado Ernesto Mejías García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte accionante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental en fecha 29 de febrero de 2012, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Ernesto Mejías García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ALEXANDRA COROMOTO AGUIAR QUIJADA, contra el CONSEJO DE DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO GUANTA DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 3.-SE ANULA el fallo apelado. 4. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró SIN LUGAR recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Laura Piuzzi, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA TAURUS, S.R.L., contra la Resolución Sin Número de fecha 7 de mayo de 2007, emanado del Consejo Directivo del INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (actual INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS).

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- PROCEDENTE la consulta de ley de la decisión dictada por el Juzgado de Instancia. 4.- REVOCÓ la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de fecha 5 de mayo de 2008. 5.- CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; en consecuencia: 5.1- ANULÓ la providencia administrativa Nº 04-165, de fecha 12 de marzo de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar.- Se ordenó remitir el exp.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte requirió al MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS, copia certificada del resumen de los expedientes de los funcionarios a ser afectados por la medida de reducción de personal, ordenada mediante Decreto Presidencial Nº 7.283, de fecha 2 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.964 Extraordinario, de fecha 3 de marzo de 2010.