Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. INADMISIBLE la apelación interpuesta por ilegitimidad de la representación de la parte actora ejercida por el abogado Denis Terán Peñaloza, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 28.278, actuando como supuesto apoderado judicial de la ciudadana GERTRUDIS RAMOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 8.145.241, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes en fecha 18 de agosto de 2003, que declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta, por la ilegitimidad de su representación. 2. REVOCA el auto de fecha 21 de agosto de 2003 dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, por medio del cual se oyó en ambos efectos la apelación interpuesta.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 18 de julio de 2007, por el abogado Erik Martínez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana DÉBORA YOLANDA ORELLANA DE SANTANA, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, en fecha 16 de julio de 2007, que declaró INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE; 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta; 3.- REVOCA la sentencia apelada; 4.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, a los fines de que éste proceda a pronunciarse sobre las otras causales de inadmisibilidad sin revisar la caducidad en el presente asunto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la abogada Marielba Barboza Morillo, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIELA JOSEFINA VILLALOBOS LUZARDO, titular de la cédula de identidad N° 10.442.170, contra la UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad.

Se dictó decisión mediante la cual la Corte declaró: 1.- RATIFICA SU COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano OCTAVIO JOSÉ CALCAÑO AGUILERA, asistido por el abogado Víctor Alberto Durán, antes identificados, contra el acto administrativo de efectos particulares identificado con las siglas CAD-PRE-VECO-GCP-75064 de fecha 24 de febrero de 2010, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI); 2.- HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO expreso de la acción formulado por el ciudadano en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; 3.- SE ORDENA el archivo del expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE) ANZOÁTEGUI ASOCIACIÓN CIVIL, contra el fallo proferido por el Juzgado en fecha 9 de abril de 2008, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana NANCY MARCANO DE CARRASCO, contra el referido instituto. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación; 3.- Conociendo en consulta de Ley ANULA, el fallo dictado en fecha 9 de abril de 2008, dada la incompetencia determinada en el presente fallo. 4.- DECLINA la competencia al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, para que conozca en primer grado de jurisdicción de la presente causa. 5.- ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró CON LUGAR el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Álvaro Guerrero Hardy inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.545, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil MMC AUTOMOTRIZ, S. A., contra el acto administrativo Nº CAD-PRES-CJ-0160048 de fecha 17 de Agosto de 2009 y notificado el día 22 de Septiembre de 2009, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), a través de la cual confirmó la decisión que aprueba parcialmente la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) de la solicitud Nº 8369240 realizada por la mencionada empresa.

Se dictó decisión mediante la cual la Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado falcón en fecha 27 de abril de 2011, ; 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3. REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado falcón; en fecha 27 de abril de 2011, mediante el cual declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; 4. ORDENA al Tribunal de la causa continuar con la tramitación de la presente causa.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto, por el abogado Hermenegirdo Ramón González Pulido, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA TRESOR, C.A., en contra de la sentencia de fecha 7 de junio de 2006, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contenciosos Administrativo de la Región Capital, que declaró el desistido del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos de la providencia administrativa Nº 792-05 de fecha 04 de agosto de 2005, proferida de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL, MUNICIPIO LIBERTADOR. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. En consecuencia, queda FIRME la sentencia dictada en 7 de junio de 2006, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contenciosos Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos ejercido por los abogados Antonio Canova González, Karina Anzola Spadaro, Luis Alfonzo Herrera Orellana, Mayerlin Matheus Hidalgo y Giancarlo Selvaggio, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución Nº 102.10 de fecha 24 de febrero de 2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido en fecha 8 de enero de 2010 contra la Resolución N° 738.09 del 18 de diciembre de 2009, y en consecuencia, ratificó la multa impuesta a la referida entidad bancaria por la cantidad de doscientos un millones de bolívares fuertes (Bs. F. 201.000,00). 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso .....

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el abogado Alonso José Macías Luís, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 123.776, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana BERENICE MERLIN ALVARADO DE TOVAR, titular de la cédula de identidad número 12.594.877, en el recurso contencioso administrativo de nulidad, contra la Resolución Administrativa número 219 de fecha 9 de diciembre de 2010, emanada de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO LARA, mediante la cual ratificó la decisión de fecha 5 de noviembre de 2010, en la cual se declaró la responsabilidad administrativa, y se sancionó con multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a la mencionada ciudadana.