Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad intentado conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos, por el abogado Henri C. Gómez, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ÁLVARO FINOL, contra los actos administrativos Nº JLINH-HNZ-JC-12-035 de fecha 8 de febrero de 2012 y Nº JLINH-HNZ-JC-12-062 del día 29 ese mismo mes y año, ambos emanados de la JUNTA LIQUIDADORA INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS (I.N.H.); 2.- ADMITE la presente acción en los términos expuestos; 3.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; 4.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que éste se pronuncie sobre la caducidad.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 9 de octubre de 1995, por el abogado Arturo Meléndez Arispe, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil GANADERÍA DE LIDIA LOS ARANGUEZ, C.A., contra la sentencia dictado el 5 de octubre de 1995, por el Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso Administrativo y Tributario de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto con solicitud de suspensión de efectos contra la Resolución S/N del 3 de octubre de 1994, dictada por la COMISIÓN TAURINA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, y contra el Oficio Nº 1245 de fecha 16 de noviembre de 1994, emanado de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA. 2.- La PÉRDIDA DEL INTERÉS y la EXTINCIÓN DEL PROCESO en el recurso de apelación ejercido.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido el 8 de abril de 2008, por la abogada Nairovys López Centeno, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano Gregory José Ugas Rodríguez, titular de la cédula de identidad Nº 6.181.957, en su condición de tercero interesado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de Protección del Niño y del Adolescente, y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito del Estado Bolívar, en fecha 3 de abril de 2008, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Omar Ortega Pizzani, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa OPERACIONES AL SUR DEL ORINOCO, C.A. (OPCO), contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LA ZONA DEL HIERRO DEL ESTADO BOLÍVAR. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación; 3.- FIRME el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercida por la abogada Mariana Urreiztieta, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 144.742 actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil ESTUDIOS Y PROYECTOS DITECH, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 12 abril de 2012, mediante el cual emitió pronunciamiento referente a las pruebas promovidas por la misma, en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad que interpuso contra la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Miranda (DIRESAT) del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). 2.SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto;3.CONFIRMA el auto apelado dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 12 abril de 2012.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto de fecha 15 de mayo de 2012, mediante el cual se dio cuenta a esta Corte del recibo del expediente. 2.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto e por el apoderado judicial de la sociedad mercantil recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución N° 00014902, dictada por la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT, mediante el cual fijó "(¿) el canon de arrendamiento máximo mensual para comercio, en la cantidad de: (Bs. 217.981,89)". 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación. 3.- CONFIRMÓ la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la regulación de competencia solicitada por la abogada Aura Carolina Rondón, actuando en su carácter de representante judicial del Municipio Baruta del Estado Miranda; 2.- COMPETENTES a los Juzgados Superiores Contencioso Tributarios de la Circunscripción Judicial de la Región Capital para conocer y decidir en primer grado de la jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos, ejercido por el abogado Jesús Rafael Muñoz Matute, actuando en representación de la sociedad mercantil FUENTE DE SODA BAR Y RESTAURANT LA POLICLÍNICA, S.R.L., contra el acto administrativo Nº CJ/DSF/070-2011 de fecha 5 de abril de 2011, dictado por el SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA TRIBUTARIA (SEMAT) DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA; 3.- ORDENA notificar al Juzgado Superior Tercero en lo Civil .....

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se ORDENA oficiar al oficiar Instituto Autónomo de Policía Municipal de Maturín (POMU), ahora Instituto Autónomo Policía del Municipio Maturín (POLIMATURIN) y a la Alcaldía del Municipio Maturín del Estado Monagas, REMITA a esta Corte la información arriba solicitada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida el 15 de febrero de 2012, por el apoderado judicial de la sociedad mercantil INMOBILIARIA COREPI, C.A., en contra del auto de admisión de prueba dictada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 22 de febrero de 2012, que admitió parcialmente las pruebas promovidas por la representación judicial de la parte recurrente 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. Se ORDENÓ notificar a las partes, de la presente decisión y la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 21 de agosto de 2003, por el abogado Manuel Assad Brito, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana OFELIA NÚÑEZ, contra la sentencia de fecha 30 de abril de 2003, dictada por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el mencionado ciudadano contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- CONFIRMA el fallo apelado.