Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Juzgado se pronunció sobre el escrito de pruebas consignado por la abogada LISBETH BORREGO CASTILLO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 59.143, actuando con el carácter de apoderada judicial del BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL (BANVENEZ), parte demandada en el presente proceso.

Se dictó decisión mediante el cual, este Juzgado declaró que: "con los documentos que cursan en autos, hasta la presente fecha, el ABOGADO CARLOS CASTILLO carece de legitimidad para actuar en la presente causa como apoderado judicial de la parte demandada, esto es, la sociedad mercantil INVERSIONES LORKEY, C.A., por no cumplir con el régimen legal establecido en los artículos 150, 155 y 217 del Código de Procedimiento Civil". Asimismo, que no le está dada a ésta Instancia sustanciadora la facultad de realizar designaciones de defensores públicos en las demandas de contenido patrimonial y que le corresponde a la propia demandante procurar la consecución de la causa, realizando todas las diligencias necesarias para ello, se ordenó notifiar al defensor ad litem, así como la notificación de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, conforme al artículo 98 del Decreto Ley que rige sus funciones.

Se dictó y publico decisión mediante la cual este Juzgado se pronunció sobre el escrito de Pruebas presentado por la abogada LOURDES MARÍA VERDE MIJARES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 49.546, actuando con el carácter de apoderada judicial de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) parte demandada, se ADMITIÓ la prueba de Exhibición por lo cual se ordenó intimar al PRESIDENTE BANCO DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, (BANVENEZ), para que exhiba los documentos señalados por el promovente, a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) del quinto (5º) día de despacho siguiente a aquél en que conste en autos su intimación.

En fecha 11 de julio de 2017, este Juzgado de Sustanciación dictó decisión mediante la cual declaró: ADMITIÓ la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos por la Abogada Yael Bello, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del CONSORCIO BOYACA-LA GUAIRA, contra el CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), ORDENÓ la notificación de la FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, al PRESIDENTE DEL CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX) y de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; INSTÓ a la parte demandante consigne los fotostatos requeridos; ACORDÓ abrir cuaderno separado a los fines de tramitar la medida cautelar solicitada; ORDENÓ solicitar al ciudadano Presidente de CENCOEX los Antecedentes Administrativos del caso y ORDENÓ remitir el expediente judicial a la Corte, una vez consten en autos las notificaciones ordenadas, a fin que se fije la Audiencia de Juicio.

En fecha 11 de julio de 2017, este Juzgado de Sustanciación dictó Auto Para Mejor Proveer mediante el cual solicitó a la empresa CONSORCIO BOYACÁ-LA GUAIRA, en su condición de parte demandante en el presente proceso, documento donde se evidencie en qué fecha fue informada de la negativa de las solicitudes de la Adquisición de Liquidación de Divisas (ALD), números 15457786, 15457978 y 15458030, emanado del CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), siendo ello fundamental para verificar la admisión de la presente demanda, de conformidad con los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, otorgandole un lapso para ello de tres (3) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación.

En fecha 12 de julio de 2017, este Juzgado de Sustanciación dictó decisión mediante la cual ADMITIÓ la demanda por ejecución de contrato de fianza interpuesta conjuntamente con medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, ORDENÓ las notificaciones de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, INSTÓ a la parte demandante consigne los fotostatos requeridos para dar cumplimiento con el emplazamiento de la parte demandada y con las notificaciones ordenadas, así como para ABRIR el cuaderno separado de las medidas solicitadas, EMPLAZÓ a la sociedad mercantil SEGUROS PIRÁMIDE, C.A, ACORDÓ abrir cuaderno separado, ORDENÓ remitir el expediente judicial a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a fin que se fije la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio, una vez notificadas todas las partes.

Esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer en consulta el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas de fecha 13 de octubre de 2015, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano DEIBYS FERNANDO TOVAR HERRERA, representado por el abogado Marcos Elías Goitia, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE; 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República actualmente artículo 84, CONFIRMA en los términos expuestos el fallo dictado en fecha 13 de octubre de 2015, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, y Municipio Arismendi del estado Barinas.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte recurrente, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 10 de febrero de 2016, mediante el cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MICAELA DEL VALLE ACEVEDO, debidamente asistida por el abogado José Vicente Haro García, contra la extinta JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS) y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS (SUNDECOP), hoy día SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE); 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer los recursos de apelación interpuestos contra el fallo dictado por el Tribunal Superior Noveno en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 14 de enero de 2016, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS ALFREDO LEMUS SIFONTES, actuando en su propio nombre y representación, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA; SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte recurrente; DESISTIDA la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte recurrida; PROCEDENTE la consulta de ley planteada y CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua en fecha 6 de diciembre de 2016, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ALFREDO ENRIQUE PALACIOS, asistido por el abogado Juan H. Tovar Galiano, contra el CUERPO DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO ARAGUA (C.S.O.P.E.A); SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido y en consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado.