Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por los ciudadanos Gustavo Adolfo Acacio Alayón y Mariauxi Núñez Hernández, actuando con el carácter de miembros de la JUNTA DE DIRECTIVA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CORP BANCA (SINTRACORPBANCA), asistidos por el abogado Nelis Emiro Carrero Soto, contra el acto administrativo Nº 2011-0025, de fecha 15 de septiembre de 2011, emanado por la DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA NACIONAL Y OTROS ASUNTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO, mediante el cual estableció "[...] NO VÁLIDA la subsanación realizada por el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CORP BANCA (SINTRACORPBANCA), en fecha 19 de julio de 2011, por no haber subsanado correctamente las observaciones señaladas mediante Auto signado con el No. 2011-0348 [...] DECLARA: TERMINADO el procedimiento, así como los efectos que del mismo pudieran haberse derivado en consecuencia ordena el cierre y archivo del expediente".

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- INADMISIBLE la reconvención interpuesta por el ciudadano FREDI ROJAS SILVA, actuando en su propio nombre y representación, en la contestación a la cita de saneamiento solicitada por la sociedad mercantil UNIVERSAL DE SEGUROS, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la CJ del edo. Carabobo, el 18 de agosto de 1992, bajo el Número 7, Tomo 14-A, siendo su última modificación el 18 de enero de 2008, bajo el Número 79, Tomo 114-A, en el marco de la demanda por ejecución de fianza interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por los Abogados Francisco García y Ricardo Medina, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del MUNICIPIO ACEVEDO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, contra la referida sociedad mercantil. 2.- se ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines que proceda a la continuación de la causa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 26 de julio de 2013, por el abogado Irving Andrés Borges Aguilera, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 10 de julio 2013 emanado del Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en virtud de la demanda de "rescisión" de contrato conjuntamente con solicitud de medida cautelar de secuestro interpuesta por el abogado Raiff Hazanoe, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) contra el ciudadano PABLO ANTONIO DUQUE MORENO, titular de la cédula de identidad Nº 1.544.313, por rescisión de contrato de arrendamiento. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo dictado en fecha 10 de julio de 2013 por el iudex a quo.

Esta Corte dicta decisión y en consecuencia declara: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de hecho interpuesto; CON LUGAR el referido recurso y Se ORDENA al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, oír en ambos efectos la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte actora en fecha 5 de abril de 2016.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó auto para mejor proveer a través del cual en aras de garantizar el principio de verdad material, y con la finalidad de cumplir con su labor jurisdiccional al momento de emitir su decisión, con base en el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción, estimó necesario instar tanto a la ciudadana Fabbiana de los Ángeles Moya Rodríguez, como a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), para que en un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos sus respectivas notificaciones, consignen en original o en copia certificada el certificado electrónico de la declaración jurada de patrimonio de egreso o cese de funciones presentada por la referida ciudadana, con su debido acuse de recibo.

Esta Corte dictó desición mediante la cual declaró: 1- Que ACEPTA la competencia declinada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, se declara COMPETENTE para conocer del recurso interpuesto por el abogado Medarno Antonio Velásquez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la PANADERÍA, PASTELERÍA Y CHARCUTERÍA CASACOIMA C.A., contra el acto administrativo Nº DGF-DFROR-PA-2015-001104 de fecha 26 de mayo de 2015, dictado por el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) y 2- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciaciación a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda incoada con prescindencia de la competencia, ya analizada en el presente fallo, y de ser el caso, ordene la apertura del correspondiente cuaderno separado a los fines de tramitar la medida cautelar de suspensión de efectos.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jaime Timaure inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 46.897, en su condición de apoderado judicial del ciudadano Julio César Segovia Santiago, contra la decisión proferida en fecha 31 de marzo de 2016, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido en fecha 4 de abril de 2016, por el apoderado judicial de la parte accionante y 3.- FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad, de la entidad financiera BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 9 de julio de 1958, bajo el numero 74, Tomo 16-A y su última reforma quedó inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, en fecha 29 de agosto de 2012, bajo el Nº 44, Tomo 243-A-Sdo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 080.15, de fecha 15 de julio de 2015, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, mediante el cual se le impuso a la referida entidad bancaria la sanción de multa por la cantidad de dos millones ochocientos diez mil bolívares (Bs. 2.810.000,00).

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar por la ASOCIACIÓN CIVIL DE PEQUEÑOS COMERCIANTES DEL MERCADO MUNICIPAL DE TEJERÍAS DE PUERTO CABELLO contra el JUEZ PROVISORIO DEL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO NORTE; la ADMITIÓ y declaró PROCEDENTE en los términos expuestos en la motiva del fallo la medida cautelar solicitada y NEGÓ la solicitud de ocupación temporal de los puestos de mercaderías...

Esta Corte declaró su INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Libio Agüero, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARÍA NELLY MOLLEDA DE CARRILLO, contra la Providencia S/N de fecha 28 de agosto de 2015, emanada de la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MORÁN DEL TOCUYO ESTADO LARA, en tal sentido DECLINÓ la competencia en el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en la ciudad de Maracaibo estado Zulia, y en consecuencia; se ORDENÓ la remisión del presente expediente al Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en la ciudad de Maracaibo estado Zulia, a los fines legales pertinentes.