Esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la regulación de competencia solicitada por el abogado Emilio Barroeta, actuando en su carácter de representante judicial de la Gobernación del Estado Lara; 2.- COMPETENTES a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos para conocer y decidir en primer grado de la jurisdicción del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada CARMEN ELISABETH ROJAS DE GÓMEZ, actuando en su propio nombre y representación, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA; 3.- ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto el día 23 de enero de 2008, y ratificado el 26 de mayo del mismo año, por los abogados Elizabeth Pérez y José Lorenzo Jiménez, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana CECILIA REY PRADA, titular de la cédula de identidad N° 15.868.675, contra la sentencia dictada en fecha 21 de enero de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró inadmisible por caduco el recurso contencioso funcionarial incoado contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PORTUGUESA, con ocasión a la diferencia de prestaciones sociales. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 8 de noviembre de 2012, por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 18 de abril de 2012, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano AGABO BENIGNO PÉREZ, titular de la cédula de identidad Nº 5.934.658, debidamente asistido por la abogada Marianella Maluff Luna, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 35.362, contra el acto administrativo de fecha 4 de mayo de 2010, notificado el 19 de ese mismo mes y año, emanado del Rector de la UNIVERSIDAD CENTRO OCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO, en el cual se ordenó su destitución. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA la sentencia dictada.

Este Tribunal Colegiado acuerda suspender la presente causa por un lapso de ciento ochenta días (180) días continuos, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente fallo. Así se declara.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la representación judicial del querellante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 9 de octubre de 2012, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Jorge Andrés Pérez González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 71.656, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ALEXANDER YSAAC RAMÍREZ, contra el acto administrativo Nº DGRYAP/DAL 11 Nº 004157 de fecha 29 de abril de 2011, emanado del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Habiendo evidenciado esta Alzada que en la presente causa no era necesario el agotamiento de la gestión conciliatoria, resulta forzoso para esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa declarar CON LUGAR la apelación ejercida por la abogada Marisela Cisneros, antes identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, en consecuencia, se REVOCA el fallo de fecha 12 de julio de 2002, dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Así se decide.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido el día 6 de mayo de 2003 por la abogada Yobanis Manzanillo, actuando en representación de la CÁMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA, contra la decisión proferida, en fecha 30 de abril de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano WILMEN PÉREZ VELÁSQUEZ, actuando debidamente asistido por abogado, en contra de los actos administrativos dictados por dicha cámara municipal en fechas 18 y 27 de marzo de 2003; 2.- El DECAIMIENTO DEL OBJETO en el recurso de apelación interpuesto.

Esta Corte, debe forzosamente declarar el decaimiento del objeto en el recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 11 de agosto de 2003, a través de la cual ratificó el amparo cautelar otorgado y desechó las pruebas promovidas por la parte actora, por considerar que las mismas buscaban dar certeza de hechos que debían dilucidarse en el fondo de la controversia, en virtud de verificarse la existencia de una sentencia que decidió el fondo de la controversia.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- Su COMPETENCIA el día 17 de junio de 2003, por la abogada Brenda Castro Rivero, actuando con el carácter de apoderada judicial del el ciudadano ALBERTO JORGES, la sentencia de fecha 29 de abril de 2003, dictada por el Juzgado Superior Tercero de la Transición en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial por haber operado la caducidad, interpuesto contra el acto administrativo de fecha 18 de diciembre de 1997, y el de fecha 16 de marzo de 1998, dictado por el MINISTERIO DEL TRABAJO, (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO), mediante el cual la removió y posteriormente se le retiro de su cargo. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte observa de los autos que cursan en el presente expediente, que la parte apelante no presentó el escrito de fundamentación del recurso dentro del lapso de Ley, resulta forzoso declarar desistido el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en consecuencia, se tiene como firme el mencionado fallo. Así se declara.