Habiendo evidenciado esta Alzada que en la presente causa no era necesario el agotamiento de la gestión conciliatoria, resulta forzoso para esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa declarar CON LUGAR la apelación ejercida por la abogada Marisela Cisneros, antes identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, en consecuencia, se REVOCA el fallo de fecha 12 de julio de 2002, dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital. Así se decide.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido el día 6 de mayo de 2003 por la abogada Yobanis Manzanillo, actuando en representación de la CÁMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA, contra la decisión proferida, en fecha 30 de abril de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano WILMEN PÉREZ VELÁSQUEZ, actuando debidamente asistido por abogado, en contra de los actos administrativos dictados por dicha cámara municipal en fechas 18 y 27 de marzo de 2003; 2.- El DECAIMIENTO DEL OBJETO en el recurso de apelación interpuesto.

Esta Corte, debe forzosamente declarar el decaimiento del objeto en el recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 11 de agosto de 2003, a través de la cual ratificó el amparo cautelar otorgado y desechó las pruebas promovidas por la parte actora, por considerar que las mismas buscaban dar certeza de hechos que debían dilucidarse en el fondo de la controversia, en virtud de verificarse la existencia de una sentencia que decidió el fondo de la controversia.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- Su COMPETENCIA el día 17 de junio de 2003, por la abogada Brenda Castro Rivero, actuando con el carácter de apoderada judicial del el ciudadano ALBERTO JORGES, la sentencia de fecha 29 de abril de 2003, dictada por el Juzgado Superior Tercero de la Transición en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial por haber operado la caducidad, interpuesto contra el acto administrativo de fecha 18 de diciembre de 1997, y el de fecha 16 de marzo de 1998, dictado por el MINISTERIO DEL TRABAJO, (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO), mediante el cual la removió y posteriormente se le retiro de su cargo. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte observa de los autos que cursan en el presente expediente, que la parte apelante no presentó el escrito de fundamentación del recurso dentro del lapso de Ley, resulta forzoso declarar desistido el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en consecuencia, se tiene como firme el mencionado fallo. Así se declara.

Esta Corte declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el día 16 de octubre de 2007, por la abogada Susana Yaguaracuto, actuando en su carácter de apoderada judicial de los recurrentes, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 28 de septiembre de 2007.2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. En consecuencia, queda FIRME la sentencia apelada.

Declara esta Corte la nulidad de todas las actuaciones suscitadas con posterioridad al auto de admisión dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 24 de abril de 2013, salvo la consignación del expediente administrativo relacionado con la presente causa, presentando el 21 de mayo de 2013, en consecuencia, se repone la causa al estado que se notifique a todas partes intervinientes de la admisión de la demanda de nulidad interpuesta, y una vez que se practique de forma efectiva todas sus notificaciones se proceda a fijar nueva oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio a que alude el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CORRIGE el error material involuntario cometido en la sentencia Nº 2013-1437 de fecha 9 de julio de 2013, en cuanto a la correcta denominación del iudex a quo y la fecha del fallo impugnado, que como ya se precisó, es el JUZGADO SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL y sentencia de FECHA 25 DE MARZO DE 2013.

Conociendo en consulta, se confirma en los términos expuestos la decisión proferida por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 22 de marzo de 1999.

este Órgano Jurisdiccional declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de julio de 2013 por la representación judicial de la sociedad mercantil C.A. Danaven, en consecuencia, confirma la decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 9 de julio de 2013, en la cual declaró la admisión de las pruebas documentales promovidas por la representación judicial de la parte demandada CADIVI. (vid. Sentencia de esta Corte Nº 2013-1174 de fecha 13 de junio de 2013, Caso: "C.A. DANAVEN vs. Comisión de Administración de Divisas (CADIVI)".