Esta Corte declaró: DESISTIDA la demanda contra vías de hecho interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada, por los abogados Wilfrido del Valle Halabi y Luís Eduardo Henríquez S, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana JOSEFINA RAFAELA OJEDA TORRES, antes identificada, contra el INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), conforme a lo previsto en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró: 1.- CON LUGAR la demanda por abstención interpuesta por el abogado HUGO MALDONADO OJEDA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 18.578, actuando en su propio nombre y representación, contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA (SUNAVI), en consecuencia: 2.- Se INSTÓ a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) a dar adecuada respuesta a la solicitud presentada por el hoy recurrente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ordenó SOLICITAR la autorización otorgada por el Alcalde del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, al Síndico Procurador de dicho Municipio para que sea declarada la homologación de la transacción en el caso de marras, concediéndose a tales fines un lapso de quince (15) días de despacho, más cuatro (4) días correspondiente al término de la distancia, computados a partir que conste en autos el recibo de su notificación

QUE ES COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de enero de 2018, por el abogado Edgar Roberto Cáseres Quintana, ya identificado, actuando como apoderado Judicial de la parte demandante FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE) contra la sentencia dictada por el hoy Juzgado Superior Estadal Cuarto Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 13 de diciembre de 2017, 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante. 3.- PROCEDENTE la consulta de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 4.- Conociendo en consulta, ANULA la sentencia de fecha el 13 de diciembre de 2017, y ORDENA la continuación del proceso

ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 12 de abril de 2018, para conocer de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por la ciudadana FABIOLA AGUILAR TORRES, de nacionalidad colombiana, con domicilio en el Municipio Torbes del estado Táchira, titular de la cédula de identidad de la República de Colombia Nº 65.715.878, asistida por la abogada Denisse Rossana Trejo Chacón, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 144.822, contra el acto administrativo de efectos particulares signado con el Nº T-0892 de fecha 27 de noviembre de 2015, emanado de la COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Se ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional, con la finalidad de que se pronuncie sobre la admisión de la presente acción

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos formulada por la abogada Maria Gabriela García Rodríguez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil CONSORCIO BOYACÁ-LA GUAIRA, ya identificadas, contra la denegatoria a la solicitud "¿de autorización de adquisición de divisas con el cambio de status en su portal web de la solicitud Nº 15457286¿", dictada por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), actualmente CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX)

Esta Corte dictó decisión mediante la cual ordenó oficiar al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (C.P.N.B), y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a los fines que remita a este Órgano Jurisdiccional el expediente administrativo de la parte querellante.

Esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos formulada por la abogada María Gabriela García Rodríguez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil CONSORCIO BOYACÁ-LA GUAIRA, contra el "cambio de status a ´Negada por Bienes y Servicios (ALD)´ de la solicitud de Autorización de Liquidación de Divisas Nro. 15532494 reflejado con fecha 25 de septiembre de 2017 en el sistema online", de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), actualmente CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX).

Se dictó decisión mediante esta Corte declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 20 de marzo de 2018, por la abogada María José Abreu de Márquez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 87.415 actuando en su condición de apoderada judicial de la ciudadana GISELA ENEIDA MEJÍAS DÁVILA, titular de la cédula de identidad Nº 11.894.001, contra EL MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 2 SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.-CONFIRMÓ el fallo apelado.

En el presente recurso, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: Su COMPENTENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la ciudadana ANDREINA ALEXANDRA GRANADOS PALACIOS, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.922.593, contra el fallo dictado en fecha 29 de junio de 2017 por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital hoy Juzgado Superior Estadal Noveno Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar la demanda de nulidad que interpusiera conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra el acto administrativo Nro. CEPMG 1034/2016 de fecha 14 de junio de 2016, dictado por la COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; y CONFIRMÓ el fallo apelado