En razón de lo expuesto, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, comparte el criterio sostenido por el a quo en el fallo objeto de consulta, en donde se condena a la Gobernación del Estado Apure -parte recurrida en el presente caso-, al pago de los intereses moratorios generados por la suma no pagada oportunamente al recurrente, a calcularse desde el 15 de septiembre de 2009, (fecha de culminación de la relación funcionarial por jubilación), hasta la fecha del pago de las prestaciones sociales, por consiguiente, el Estado Apure deberá pagar los intereses de mora por el retardo en el pago de las prestaciones sociales al querellante, con base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, conforme a lo previsto en el literal "C" del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, para lo cual se ordena realizar la experticia complementaria del fallo.

Con base en lo expuesto y efectuado el análisis del contenido de la decisión apelada, esta Corte estima que la sentencia dictada el 22 de octubre de 2010, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto no vulnera normas de orden público ni se encuentra en contradicción con los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud, esta Corte declara DESISTIDO el presente recurso de apelación y, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado. Así se decide.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, ordena notificar al Instituto Nacional de Vivienda (INAVI), para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia que se deje en autos de su notificación, de cumplimiento a lo ordenado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: 1.- ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy en fecha 23 de mayo de 2011 y, en consecuencia, se declara competente para conocer de la demanda por daños y perjuicios, interpuesta por el abogado José Luis Ojeda Escobar, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana NARVIS DEL CARMEN RIVAS DE GRANADA, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2.- Se ordena la REMISIÓN del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente demanda, con excepción de la competencia ya analizada.

Con base en lo expuesto y efectuado el análisis del contenido de la decisión apelada, esta Corte estima que la sentencia dictada el día 25 de marzo de 2010, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Yarida del Carmen Valderrama Simoza, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos Néstor Pereira Paiva, Jessica Pereira Castillo y Julio Castillo de Pereira, contra la Alcaldía del Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, no vulnera normas de orden público ni se encuentra en contradicción con los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud, esta Corte declara DESISTIDO el presente recurso de apelación y, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado. Así se decide.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital para conocer de la demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por el abogado Francisco Lepore Girón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.093, actuando en su condición de representante judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES LUIS MORO 7000 C.A., contra el FONDO NACIONAL PARA EDIFICACIONES PENITENCIARIAS (FONEP). SE DECLARA LA NULIDAD de todas las actuaciones procesales realizadas por las partes y por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Auto para mejor proveer mediante el cual esta Corte esta Corte ORDENA notificar al INSTITUTO AUTÓNOMO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IAFE), así como a la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en el expediente el recibo de la notificación, den cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró 1.- La COMPETENCIA para conocer la inhibición formulada por el Juez de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, ciudadano Alejandro Soto Villasmil. 2.- CON LUGAR la inhibición presentada por el Juez Alejandro Soto Villasmil, en fecha 26 de octubre de 2010. 3.-ORDENA NOTIFICAR al ciudadano Alejandro Soto Villasmil, en su condición de Juez de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, de la decisión de autos, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo.

Por medio de la presente, esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación intentado por el abogado Carlos Gustavo Ferrer, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 91.898, en su carácter de apoderado judicial de la Procuraduría del Estado Miranda, contra la decisión dictada el 15 de marzo de 2010, por el Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital mediante la cual declaró PARCIALMENTE SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MATILDE CAROLINA DEL VALLE ZABALA RUEDA contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

En virtud de lo expuesto, esta Corte revoca la sentencia objeto de apelación dicta en fecha 30 de mayo de 2008 por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, únicamente en lo que se refiere al pago de las prestaciones sociales y de los restantes conceptos reclamados, en consecuencia confirma parcialmente la sentencia apelada con las modificaciones expuestas y se declara parcialmente con lugar el recurso contencioso funcionarial interpuesto.