La Corte ordenó al Ministerio del Poder Popular para la Salud, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 aparte 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, para que en el lapso de cinco (5) días siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su notificación, remita copia del recibo de pago firmado por la parte querellante o cualquier otro documento similar, específicamente, en el que se evidencie la fecha de recepción del pago objeto de estudio, a fín que permita a este Órgano Jurisdiccional conocer la fecha a partir de la cual deben ser calculados los intereses moratorios correspondientes.

La Corte declaró: La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 23 de septiembre de 2010, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo; Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio a la relación de la causa, contemplada en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Corte declara: Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación intentado interpuesto en fecha 26 de julio de 2010 por la abogada Liliana Núñez de Oviedo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 98.594, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión dictada el 19 de julio de 2010 por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Estado Bolívar, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial que ejerció la ciudadana YASIRA MARGARITA PIÑERO CAMACHO contra el INSTITUTO MINAS BOLÍVAR DEL ESTADO BOLÍVAR. REVOCA de oficio la decisión descrita. INADMISIBLE el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, por haber operado la caducidad de la acción.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual se declaró Competente para conocer de la presente causa; SIN LUGAR el recurso de apelación y se CONFIRMÓ el fallo apelado.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de junio de 2007, por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 28 de febrero de 2007, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano FELIPE ANTONIO LOZADA, titular de la cédula de identidad Número 4.380.408, debidamente asistido por la abogada Annye Morles de Díaz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 90.441, contra la FUERZA ARMADA POLICIAL DEL ESTADO LARA. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. SE CONFIRMA el fallo apelado.

La Corte dictó decisión declarando SU COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta en fecha 28 de octubre de 2010, por la ciudadana NEIDA MARÍA GONZÁLEZ, debidamente asistida por la abogada Romy Cristina Rojas, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 25 de octubre de 2010, mediante la cual declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos en contra de la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA (UNEFA); SIN LUGAR la apelación interpuesta; Se CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado Superior Noveno en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 25 de octubre de 2010.

La Corte ordenó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 aparte 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, para que en el lapso de cinco (5) días siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su notificación, remita el Registro de Información de Cargos, el Manual Descriptivo de Clases de Cargos de esa Institución o cualquier otro documento similar, específicamente, en el que se evidencie el grado y las funciones atribuidas al referido cargo de "Analista Integral de Recursos Humanos Semi-Senior" a fín que permita a este Órgano Jurisdiccional conocer las funciones del cargo antes señalado, así como el expediente administrativo de la funcionaria Gladys Castillo Ferrebuz, titular de la cédula de identidad número 6.365.928.

La Corte declara INTEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria de la sentencia 2007-01180 dictada por este Órgano Jurisdiccional el 2 de julio de 2007, formulada por el ciudadano Raúl Leonardo Vallejo, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Fiorella Formica Rodríguez.

La Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado en fecha 27 de julio de 2010, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 2.967.553, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 8.565, actuando en su nombre y representación, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA. Conociendo de la consulta establecida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMÓ la referida decisión.

La Corte declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta ejercida en fecha 30 de enero de 2007, por la abogada Irma Gutiérrez Burgos, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 2.163, actuando con el carácter de apoderada judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de enero de 2007, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Marisela Cisneros Añez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 19.655, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ ARMANDO GAITÁN, titular de la cédula de identidad N° 10.923.083. SIN LUGAR la apelación interpuesta. CONFIRMÓ el fallo apelado.