Se dictó sentencia mediante la cual este Juzgado de Sustanción admitió el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos, por los abogados Ymara Aguilarte y José Miguel Peña Aguilarte.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación admitió la presente demanda de nulidad interpuesta por el Abogado Francisco Sosa Fontán, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 2.160, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil INVERSIONES EL TIMÓN, C.A., contra la Providencia Administrativa N° 009/2012, recibida en fecha 12 de abril de 2012, dictada por la FUNDACIÓN OFICINA PRESIDENCIAL DE PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES (O.P.P.P.E.) adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, ordenó solicitar las antecedentes administrativos del caso, abrir cuaderno separado a los fines de tramitar la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada y notificar al ciudadano Procurador General y ciudadana Fiscal General de la República.

mediante la cual este Juzgado de Sustanciación se pronuncia acerca de la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Teolinda Margarita Ramos contra el acto administrativo Nº VECO-GCP-22229 de fecha 23 de julio de 2012, emanado de la Comisión de Adminsitración de Divisas (CADIVI), declarándose admisible la misma. Asímismo, se ordenó notificar a los ciudadanos Procurador General de la República, Fiscal General de la República y Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), solicitándole al último los expedientes administrativos correspondientes al presente caso de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

1.- Se ACEPTA el monto establecido por el oficio Nº Cjaaa-c-2012-5-167 de fecha 11 de mayo de 2012, suscrito por la Consultora Jurídica Adjunta (E) del Banco Central de Venezuela (BCV), el cual asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 885.775, 61), siendo este el monto establecido para el pago de la justa indemnización a favor de la sociedad mercantil Karmaty, C.A. en el presente juicio de expropiación, 2.- ORDENA a la República Bolivariana de Venezuela consigne mediante cheque de gerencia ante la Secretaría de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Accidental "C", el pago que por justa indemnización corresponde a favor de la sociedad mercantil Karmaty, C.A. en el presente juicio de expropiación por la cantidad señalada anteriormente. 3.- ORDENA a la Secretaria Accidental de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Accidental "C" entregarle a la representación de la República B.....

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 19/11/2012, por la Apoderada Judicial de la ciudadana MILAGROS DEL VALLE FARÍAS DE GIL, contra la sentencia dictada en fecha 5/11/2012, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BERMÚDEZ DEL ESTADO SUCRE, 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3. REVOCA el fallo apelado y 4. ORDENA al referido Juzgado se pronuncie sobre las demás causales de inadmisibilidad y de ser el caso, admita y sustancie el procedimiento correspondiente.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 23/01/2012, por el Apoderado Judicial de la parte querellada, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil (Bienes) de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central en fecha 2/11/2011, la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARY CARMEN CECILIA RIERA LUGO, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARIO BRICEÑO IRAGORRY DEL ESTADO ARAGUA, 2.- REVOCA por orden público la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil (Bienes) de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central en fecha 2/11/2011, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y 3.- INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. SU INCOMPETENCIA para conocer de la demanda por daños y perjuicios interpuesta por el Abogado Gutberto Torres Beltrán, identificado en autos, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos JOSÉ FRANCISCO MORALES MEDINA y OSCAR EMILIO SOJO MALAVÉ contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2. DECLINA la competencia a para conocer del presente asunto a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y 3. ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: ORDENA a la Secretaría de esta Corte libre oficio a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que en el lapso de diez (10) días siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su notificación, remita la información -actual- del estatus de la solicitud de importación productiva Nº 8496674, relacionada con el presente caso.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: ORDENA de conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, oficiar al SÍNDICO PROCURADOR DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO METROPOLITANO DE CARACAS a fin de que remita a esta Corte dentro del lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo del oficio que se ordena librar, copia certificada del expediente administrativo relacionado con el presente asunto y Asimismo, en caso de no remitirse dicho expediente a este Órgano Jurisdiccional, esta Corte pasará a dictar sentencia con los elementos cursantes en autos y se impondrá al funcionario responsable multa, entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.), de conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 21 de julio de 2011, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo y 2- ORDENA la reposición de la causa al estado que la Secretaría de esta Corte notifique a las partes para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia de conformidad con lo establecido en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.