Auto mediante el cual se providenció el escrito de pruebas consignado el día 1º de noviembre de 2012, por el abogado Alejandro Gallotti, actuando con el carácter apoderado judicial del estado Bolivariano de Miranda en el expediente contentivo de la demanda de nulidad por abogada Haydee Mireya Casanova Zambrano, actuando con el carácter apoderada judicial del ciudadano Jovino Padrón Padrón, contra el acto denegatorio tácito" por parte del ciudadano Gobernador del estado Miranda.

Este Juzgado de Sustanciación se pronuncia acerca de la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Molinos Nacionales, C.A. contra el acto administrativo s/n emanado de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) notificado mediante correo electrónico en fecha 01 de agosto de 2012. Asimismo, se ordenó notificar a las ciudadanas Procuradora General de la República y Fiscal General de la República y al Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) del auto dictado en esta misma fecha.

Auto mediante el cual se providenció el escrito de pruebas consignado el día 1º de noviembre de 2012, por la abogada Haydee Mireya Casanova Zambrano, actuando con el carácter apoderada judicial del ciudadano Jovino Padrón Padrón, en el expediente contentivo de la demanda de nulidad por la mencionada apoderada judicial, contra el "acto denegatorio tácito" por parte del ciudadano Gobernador del estado Miranda.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2.- REVOCÓ la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 12 de julio de 2012. 3.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y; en consecuencia: 3.1.- ORDENÓ el pago del concepto correspondiente a las vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado del período 2009-2010. 3.2.- ORDENÓ el pago de los intereses moratorios desde el día siguiente al retiro de la ciudadana querellante -el cual fue el 15 de marzo de 2010-, hasta el 6 de mayo de 2010, fecha en la cual se le realizó a dicha ciudadana el pago correspondiente al concepto reclamado. 3.3.- ORDENÓ la realización de una experticia complementaria del fallo. Asimismo, se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano GABRIEL ENRIQUE OSÍO ZAMORA, contra el silencio administrativo de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES "ante el recurso de reconsideración ejercido por esta representación, contra la decisión adoptada por esa Superintendencia, en la que se acordó el Rechazo de las acreencias de mi representado frente a la empresa Econoinvest Casa de Bolsa, C.A. (¿)". Se ordenó notificar a las partes.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos incoada en fecha 17 de Septiembre de 2012 por los abogados Rafael Guilliod Troconis y Alejandro Muñoz Rodríguez, actuando con el carácter de apoderados judiciales del BANCO CARONÍ C.A., BANCO UNIVERSAL, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 109.12, de fecha 30 de julio de 2012, emanado de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 067.12 emitida por la aludida Superintendencia, en fecha 14 de mayo de 2012, mediante la cual se le impuso multa por la cantidad de novecientos dieciocho mil bolívares (Bs. 918.000,00), correspondiente al uno por ciento (1%) de su capital pagado. Asimismo, se ordenó notificar a las partes y remitir el expediente al juzgado de sustanciación.-

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró SIN LUGAR la recusación presentada por la abogada LAURA CAPECCHI, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.535, contra la Jueza del Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, abogada GERALDINE LÓPEZ BLANCO, de conformidad con las causales previstas en los ordinales 18º y 19º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Se ordenó notificar a las partes, así como también a la Jueza recusada, de conformidad con establecido en la decisión Nº 1.175 de fecha 23 de noviembre de 2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Cortedeclara SIN LUGAR la demanda por daños y perjuicios interpuesta presentada por el abogado Bernardo Bentata Rieber, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil KMC OILTOOLS DE VENEZUELA S.A., contra PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA). Se ordenó la notificación de las partes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- Declaró Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 2 de agosto de 2012, interpuesto por el ciudadano JOSÉ DI LORENZO, contra la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMÓ con las precisiones expuestas, el fallo dictado por el referido Juzgado, sometida a consulta dictado en fecha 2 de agosto de 2012. Se ordenó la remisión del presente expediente al juzgado de origen.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.- PROCEDENTE la solicitud formulada por la representación judicial PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S. A. con respecto a la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia; 2.- CONSUMADA LA PERENCIÓN en el presente asunto. 3.- EXTINGUIDO el procedimiento relativo al recurso contencioso administrativo por abstención o carencia interpuesto por el abogado Ollantay de Jesús González Serga, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa CENTRO PETROL, C.A., contra la abstención de suministro de productos de hidrocarburos derivados del petróleo por parte de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S. A., con ocasión del Contrato de Suministro para el Sector Industrial celebrado por ambas partes.