Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer en consulta de Ley de la decisión dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 17 de mayo de 2017, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada por la abogada Jina González, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana OLIVIA JIMÉNEZ, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; 2.- CONFIRMÓ con las modificaciones antes expuestas, el fallo dictado en fecha 17 de mayo de 2017, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte declaró: 1.- Su INCOMPETENCIA para conocer de la acción de amparo constitucional, por el abogado Edilberto J. Natera B., actuando con el carácter de apoderado judicial de la JUNTA DE BENEFICENCIA PÚBLICA Y SOCIAL DEL ESTADO MONAGAS "LOTERÍA DE ORIENTE", contra la COMISIÓN NACIONAL DE LOTERÍA (CONALOT); 2.- DECLINÓ la competencia en los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que corresponda previa distribución, a los fines de que conozca en primera instancia de la acción de amparo constitucional interpuesta, a quien se ORDENÓ remitir inmediatamente el presente expediente.

Esta Corte: SOLICITÓ de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa al Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que remita a esta Alzada, copia certificada del auto dictado por ese Juzgado en fecha 30 de marzo de 2016, así como también copia certificada de las solicitudes que le efectuó el recurrente y que dieron origen al pronunciamiento de dicho Juzgado en el auto de fecha 30 de marzo de 2016, los cuales resultan indispensables a los fines de resolver la presente apelación, en tal sentido se le conceden a tales fines un lapso de diez (10) días de despacho, computados a partir que conste en autos el recibo de su notificación.

Esta Corte ordenó: solicitar tanto a la ciudadana Ana Mercedes González Hurtado, como a la Universidad de Oriente (U.D.O.), e igualmente, a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo (sector público) del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, para que en un lapso de diez (10) días de despacho, más cinco (5) días continuos como término de la distancia, contados a partir de que conste en autos sus respectivas notificaciones, consignen documento o información relativa a la validez o no de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010.

Esta Corte declaró que: 1.- ACEPTÓ LA COMPETENCIA que fue declinada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante sentencia de fecha 27 de noviembre de 2017 para conocer de la presente demanda por abstención o carencia; 2.- Admitió la presente demanda; 3.- ORDENÓ citar al Superintendente de Arrendamientos de Vivienda (SUNAVI); 4.- NOTIFICAR al ciudadano Hugo Maldonado Ojeda; 5.- NOTIFICAR a los ciudadanos Procurador General de la República y al Fiscal General de la República; 6.- ORDENÓ la remisión del presente expediente a la Secretaría de esta Corte.

Esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de noviembre de 2007, por el apoderado judicial de la parte recurrida, contra la decisión dictada en fecha 20 de septiembre de 2007, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada Reyna Margarita Alemán Marín, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ARMINDA MEJIAS, contra la CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; PROCEDENTE la consulta de prevista en el artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y en consecuencia, CONFIRMA la decisión dictada apelada.

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 31 de enero de 2013, por la representación judicial de la parte querellante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, en fecha 18 de diciembre de 2012, mediante la cual repuso la causa al estado de notificación de las partes del proceso, interpuesto por el abogado Marcos Goitia, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ANA MARÍA TAPIA PÉREZ, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE; 2.- CON LUGAR la apelación ejercida y en consecuencia se declara la NULIDAD de la decisión dictada por el a quo en fecha 18 de diciembre de 2012; 3.- CONFIRMÓ la sentencia emitida en fecha 26 de octubre de 2009.

Esta Corte declara: que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 31 de julio de 2017, por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, que declaró consumada la perención y, en consecuencia, extinguida la instancia en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano WILMER JOSÉ MACERO APONTE, asistido por el abogado Roberto Bolívar, antes identificados, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO (POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO); CON LUGAR el recurso de apelación ejercido; REVOCA la sentencia apelada; ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Instancia, a los fines que continúe con la tramitación del recurso interpuesto, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Se dicto decision mediante la cual se ordeno SOLICITAR al ciudadano Lorenzo Jesús García Carvajal, a la Universidad de Oriente (U.D.O) y a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, información relativa a la validez de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010, la cual deberá ser consignada dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la notificación del presente auto, contados una vez vencidos los cinco (5) días continuos correspondientes al término de la distancia, con la advertencia de que una vez transcurrido el lapso fijado en el presente auto, se dictará sentencia conforme a los alegatos y la documentación que conste en actas

Se dicto decision mediante la cual ORDENO remitir el presente expediente al Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines de que se pronuncie -a la brevedad posible- sobre la apelación interpuesta en fecha 19 de julio de 2017, por la Defensa Pública