Esta Corte declaró SU COMPETENCIA para conocer en consulta planteada; PROCEDENTE la consulta de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Prerrogativa otorgada en virtud del artículo 36 de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público; y Conociendo de la consulta, CONFIRMA el fallo dictado en fecha 18 de octubre de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto, contra la sentencia dictada en fecha 20 de enero de 2015, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante la cual declaró Inadmisible por caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los Abogados Alexander Gallardo Pérez y Oscar Guilarte Hernández, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la ciudadana MARIANELLY MÉNDEZ GONZÁLEZ, contra el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (B.C.V); 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 22 de marzo de 2005; 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta en fecha 12 de abril de 2005, por el abogado José Lorenzo Rodríguez, actuando en su carácter de sustituto de la Procuraduría General de la República; 3.- SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 22 de marzo de 2005, por el abogado José del Carmen Blanco, actuando en representación de la parte recurrente; 4.- Se CONFIRMA el fallo dictado en fecha 18 de marzo de 2005, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

En el presente asunto, esta Corte dictó auto para mejor proveer a los fines de solicitar a los ciudadanos Director del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Maturín del estado Monagas, Alcalde y Síndico Procurador del mismo Municipio, que dentro del lapso diez (10) días de despacho siguientes, contados a partir de la constancia en autos de haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas, remitan a este Órgano Jurisdiccional los instrumentos relacionados con el procedimiento administrativo de destitución llevado a cabo contra la ciudadana Liliana Castillo.

En el presente asunto, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por los ciudadanos FRANKLIN MENDOZA y SAMIR MENDOZA, titulares de las cédulas de identidad Nros. 14.483.552 y 16.530.377, respectivamente, representado por el abogado Pastor José Mujica, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 90.365, contra el acto administrativo de fecha 13 de mayo de 2005, dictado por las FUERZAS ARMADAS POLICIALES DEL ESTADO LARA, mediante el cual los mencionados ciudadanos fueron destituidos de los cargos que se desempeñaban en ese Organismo. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 3.- FIRME el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 6 de diciembre de 2006.

Esta Corte ORDENA NOTIFICAR a la Fundación Caracas (FUNDACARACAS), o a cualquiera de sus apoderados judiciales, para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes, contados a partir de la fecha que conste en el expediente el recibo de las notificaciones ordenadas en el presente auto, se de cumplimiento a lo ordenado en la motiva de la presente decisión.

En el presente asunto, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por vías de hecho interpuesta conjuntamente con amparo cautelar, por el ciudadano José Emerson Castañeda Suarez, titular de la cédula de identidad Nº 9.242.511, actuando con el carácter de Presidente de la sociedad mercantil GEMACAUCHOS, C.A., y propietario del Fondo de Comercio RENOVADOS TÁCHIRA, asistido por la abogada Maryan Karinna Durán Ramírez, contra supuestos funcionarios de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE), OFICINA REGIONAL DEL ESTADO TÁCHIRA, actuando en compañía del DESTACAMENTO DE FRONTERAS NÚMERO 12, COMANDO REGIONAL NÚMERO 1, DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA (G.N.B.) y 2.- HOMOLOGADO el desistimiento formulado por la abogada Maryan Durán Ramírez, antes identificada, respecto de la demanda por Vías de hecho interpuesta.

Esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Avelino Antonio Chafardet Velásquez, actuando con el carácter de abogado auxiliar de la Procuraduría General del Estado Anzoátegui contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 6 de marzo de 2003 mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano VICTOR GOITÍA CARVAJAL, titular de la cédula de identidad Nº 5.489.957, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación. 3.- PROCEDENTE, la consulta en virtud de la prerrogativa procesal contenida en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en consecuencia: 3.1. Se CONFIRMÓ con las precisiones expuestas, la decisión consultada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: DESISTIDO el procedimiento en la demanda de contenido patrimonial interpuesta conjuntamente con medida preventiva de embargo por el abogado Jorge Luis Gil Gutiérrez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 60.314, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil FÁBRICA NACIONAL DE CEMENTOS S.A.C.A., contra la sociedad mercantil GILDEMEISTER VENEZUELA, S.A., y el ciudadano Alexis Javier Morales Durán.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Ratifica la COMPETENCIA para conocer y decidir en primer grado de jurisdicción de la demanda de nulidad interpuesta por la abogada Ninoska Adrián Ortiz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 54.258, actuando en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos JUAN ARGENIS PINTO HURTADO, SAÚL OMAR GARCÍA GIL DUQUE, RICARDO JOSÉ MILLÁN MOROS y ÁNGEL OBDULIO COLMENARES DUQUE, titulares de las cédulas de identidad Nros. 3.042.155, 6.023.465, 6.544.358 y 8.097.810 respectivamente, contra la decisión administrativa de responsabilidad dictada por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, en fecha 30 de julio de 2013. 2. DESISTIDO el procedimiento de autos.