Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 18 de marzo del 2004, por los abogados Edgar Rodríguez y Antonio Reyes, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano FRANZ ESCOBAR, contra la decisión dictada en fecha 8 de marzo del 2004 por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de suspensión de efectos de la decisión fecha 26 de febrero de 2003, dictada por la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO AMAZONAS. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. En consecuencia, queda FIRME la sentencia dictada 8 de marzo del 2004.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de abril de 2005, por las abogadas Catherine Oliveros y Karim Celis, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes en fecha 28 de marzo de 2005, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la querella interpuesta por el ciudadano ANDERSON LENIN PEÑA SÁNCHEZ. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación. 3.- Se ANULA la sentencia apelada. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de noviembre de 2010, por la abogada Lenis Villalobos Ochoa, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 20.205, en su carácter de sustituta del Procurador del estado Zulia, contra la sentencia dictada en fecha 30 de noviembre de 2007, mediante la cual se declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Pedro Palmar Castillo y Luis Alberto Prieto Briceño, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano ERWIN SOTO CRISTALINO contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA en los términos expuestos la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en fecha en fecha 30 de noviembre de 2007.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del presente recurso de apelación interpuesto. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la ciudadana YRAMA CAPOTE DE BRAVO. 3.- Se CONFIRMA el fallo dictado por el referido Juzgado en fecha 31 de julio de 2007, mediante el cual se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por el ciudadano DOUGLAS ENRIQUE FERNÁNDEZ YÉPEZ, autorizado en asambleas de ciudadanos de las comunidades y los consejos comunales Los Cerritos, Brisas de Tacarigua I y II, El Paso del Indio, San Judas Tadeo II, 23 de Enero, Alicia Pietri de Caldera, Gran Batalla de Carabobo y Villa Fran", asistido por de abogado contra el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en fecha 29 de noviembre de 2011, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoado contra las vías de hecho realizadas por el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO LOS GUAYOS DEL ESTADO CARABOBO, la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO LOS GUAYOS y el CONSEJO COMUNAL URBANIZACIÓN LOS CERRITOS PRIMERA ETAPA. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta; 3- CONFIRMÓ el fallo apelado. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Trib. de origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO del procedimiento formulado por los abogados Efner Parra y Rosangela Vásquez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 121.912 y 141.524, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO YARACUY, en el marco del recurso de apelación interpuesto por la abogada Elizabeth Maldonado el 20 de junio de 2005, actuando como apoderada judicial de la aludida Contraloría, contra de la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte el 29 de abril de 2005, mediante la cual declaró con lugar el recurso interpuesto en su contra por el apoderado judicial de la ciudadana NORAN PINTO.

En virtud de los planteamientos precedentemente expuestos, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: 1.-Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Álvaro Garrido, actuando con el carácter de apoderado judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL QUALCOM TELESISTEMAS, C.A. contra la sentencia dictada en fecha 27 de febrero de 2012, por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la empresa estatal BARIVEN, S.A. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 20 de septiembre de 2005, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del inicio del lapso para fundamentar la apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte decidió: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 14 de febrero de 2011, por el ciudadano PASTOR ALFREDO TORRES ORTEGA contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental de fecha 29 de septiembre de 2010, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente con amparo cautelar y suspensión de efectos contra la Resolución Nº 311-2008 de fecha 1º de diciembre de 2008, dictada por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL DE ONOTO DEL ESTADO PORTUGUESA; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3.- FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de los recursos de apelación incoados contra la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2011 dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la apoderada judicial del ciudadano ÁNGEL EDUARDO MATHUS TORREALBA contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS; 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta por los apoderados judiciales de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia: 3.- Se REVOCA el fallo objeto del presente recurso, 4.- Conociendo del fondo, se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso incoado y, en consecuencia: 4.1.- Se NIEGA el reajuste de la pensión de la jubilación. 4.2.- Se ACUERDA el pago de las prestaciones sociales. 4.3.- Se ORDENA la realización de una experticia complementaria del fallo. 4.4.- Se NIEGAN los demás beneficios solicitados.