En el recurso de apelación interpuesto en fecha de 3 mayo de 2010, por la Abogada Rosibel Grisanti, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOBO contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en fecha 5 de abril de 2010, que declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ANA IRIS MÁRQUEZ NIÑO, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 3. REVOCA el fallo apelado 4. INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto con respecto al acto de remoción de fecha 12 de septiembre de 2007 5. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto con respecto al acto de retiro de fecha 19 de noviembre de 2007.

En la consulta planteada con base al artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República sobre la decisión dictada en fecha 19 de julio de 2012 por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Bismeida Pacheco Chávez, debidamente asistida por el profesional del derecho Francisco Lepore Girón, contra la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital (SUMAT), esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA; 2. IMPROCEDENTE la consulta planteada y; 3. Firme el fallo de fecha 19 de julio de 2012 proferido por el A quo.

Esta Corte declaró su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido y declaró EL DECAIMIENTO DEL OBJETO del recurso de apelación interpuesto.

En la inhibición presentada en fecha 11 de octubre de 2012, por la Abogada Marisol Marín, actuando en su condición de Juez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos por la ciudadana HELEN MICHELE MEZA CABRERA, contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el Juez Presidente de esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la inhibición presentada 2. CON LUGAR la inhibición realizada 3. ORDENA constituir la Corte Primera Accidental de lo Contencioso Administrativo, previa convocatoria del Juez Suplente.

Esta Corte dictó sentencia en la presente causa, mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Juan Reyes Lozano, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano EGNEEY ENRIQUE MATUTE ANDRADE, contra la decisión dictada en fecha 18 de noviembre de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y de lo Contencioso Administrativo de la Región Central, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO ARAGUA; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; y FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso del recurso de apelación ejercido 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA la sentencia dictada en fecha 25 de abril de 2011, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Se dictó decisición mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; REVOCA PARCIALMENTE el fallo apelado en aplicación de la consulta sólo en lo referente al pago del beneficio de alimentación otorgado por el Juez de Instancia; SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por los Abogados Gustavo Grau Fortoul, Miguel Mónaco Gómez y Yanina Da Silva De Lima, respectivamente, en su carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil Banesco Banco Universal, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 084.10, dictada en fecha 10 de febrero de 2010, emanado de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad referido.

Esta Corte dictó sentencia en la presente causa, mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la Consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 19 de febrero de 2009, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Abogada Marisela Cisneros Añez, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano BLAS TARCISIO PADRÓN, contra la POLICÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS hoy día bajo la dirección, administración y funcionamiento del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA; y CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado A quo sometida a consulta.

Esta Corte Primera de lo Contencioso AdministrativoDECRETA medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN VERDIARENAS, C.A. ORDENA librar comisión al Juzgado Ejecutor de Medidas que corresponda, a los fines de practicar la medida preventiva de embargo decretada.