Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 8 de junio de 2005, por la abogada Jaimara Jaramillo, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos Ofelia Murcia Pachón, Adolfo Fernández Fernández, Alfredo Hernández López y Alberto Pérez Delgado, actuando con el carácter de terceros interesados en la presente causa, contra la decisión proferida el 6 de octubre de 2004, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación. 3.- IMPROCEDENTE la consulta de ley, respecto de la decisión dictada en fecha 6 de octubre de 2004, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital 4.- En consecuencia, queda FIRME la sentencia apelada.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CORRIGE el error material involuntario cometido en la sentencia Nº 22013-1346 de fecha 27 de junio de 2013, en cuanto a la falta de determinación de las fechas entre las cuales estará comprendida la actualización monetaria solicitada al Banco Central de Venezuela por la cantidad Setecientos Catorce Mil Doscientos Cuarenta Bolívares Fuertes, con Ochenta y Ocho Céntimos (Bs. 714.240,88), serán desde la fecha de interposición de la demanda por daños y perjuicios - a saber, 19 de diciembre de 2007- hasta la publicación del referido fallo, esto es, el día 27 de junio de 2013.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Carlos Torrealba, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.701, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ADRIAN EDUARDO MÉNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 10.840.032, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano, contra la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO LARA, por el pago de diferencia de prestaciones sociales. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. En consecuencia, queda FIRME el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de Origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- la NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 2.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la querellada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de julio de 2013, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente suspensión de efectos por el abogado Eduardo Moya Totesaut, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano JUAN JOSÉ MARQUEZ FONTAN, titular de la cédula de identidad Nº 9.273.183, contra el acto administrativo contenido en la Resolución DGRHAP/DD/DCR Nº 007450, del 6 de julio de 2012, por el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 9 de mayo de 2013, por el abogado José Israel Arguello, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.763, actuando con el carácter de apoderado judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL SEGUROS ALTAMIRA, C.A, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en el cual se negó la admisión de las pruebas promovidas por la referida empresa, en su condición de parte demandada en el juicio principal. 2.- Se ORDENA la acumulación del presente expediente, al asunto Nº AP42-R-2013-001301, y en consecuencia, se proceda al cierre informático del expediente signado con el Nº AP42-R-2013-000718.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido el día 23 de mayo de 2013, por la abogada Luisa Yaselli Parés, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 20 de mayo de 2013, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ÁNGEL ANTONIO MAIO NEGRETE MAZZINI, titular de la cédula de identidad Nº. V- 2.930.955, debidamente asistido por las abogadas Luisa Yaselli Parés y Laura Capecchi Doubain, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 18.205 y 32.535, respectivamente, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación incoado. 3.- Se CONFIRMA la sentencia apelada.

En virtud de las referidas consideraciones expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo conociendo en consulta CONFIRMA con las modificaciones expuestas el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental en fecha 3 de julio de 2012.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de agosto de 2013, por la abogada Xikiu Nilleth Porras Moreno, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 157.784, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano PEDRO DELGADO, titular de la cédula de identidad Nº 8.210.612, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en fecha 8 de agosto de 2013, que declaró la perención de la instancia y extinguido el proceso en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA en los terminos expuestos el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Ana Toloza de Vivas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 87.307, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana XIOMARA JOSEFINA GARCÍA VALLES, titular de la cédula de identidad Nº 8.871.714, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 29 de junio de 2011, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLÍVAR, por el pago de diferencia de prestaciones sociales y demás conceptos laborales. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. En consecuencia, queda FIRME el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de Origen.-