En la solicitud de aclaratoria y ampliación del fallo dictado por esta Corte en fecha 14 de julio de 2011, presentada por la Abogada Aiza Rojas Carrizo, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Contraloría del Municipio Andrés Bello del estado Táchira, mediante la cual se declaró desistido el procedimiento en el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efecto, por la Representación Judicial de la ciudadana Carmen Zoraya Quintero Calderón, contra la referida Contraloría; esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Extemporánea la solicitud de aclaratoria y ampliación planteada.

En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Rafael Gámez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Policía del estado Bolívar, contra la sentencia dictada en fecha 27 de septiembre de 2011, por Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta; 2. DESISTIDA la apelación; 3. REVOCA el fallo apelado; 4. Se ORDENA la remisión de las actas que conforman el presente expediente al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

En la solicitud de medida cautelar de embargo preventivo, instaurada por la Abogada Yoreida Hernández, actuando en su carácter de representante judicial de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Educación contra la Asociación Cooperativa Infraestructuras Escolares, R.L. y la Sociedad Mercantil Multinacional Fianzas, C.A., esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Decreta medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la Asociación Cooperativa Infraestructuras Escolares, R.L.; 2. Decreta medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la Sociedad Mercantil Multinacional Fianzas, C.A.; 3. ORDENA la notificación de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora; 4. ORDENA oficiar a los Juzgados Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial que corresponda previa distribución de Ley; 5. ORDENA anexar copia certificada a la pieza principal de la causa.

En la inhibición planteada en fecha 9 de noviembre de 2012, por el abogado José Gregorio Madrid, en su condición de Juez Provisorio del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, con ocasión del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Jesús Noguera contra la Alcaldía del Municipio Guacara del estado Carabobo, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su Competencia para conocer de la inhibición presentada; 2. Con Lugar la inhibición planteada.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 9 de diciembre de 2008 por la Abogada Luzmila Calcurián, Apoderada Judicial de la ciudadana HORTENCIA PADRÓN, contra la sentencia dictada en fecha 7 de agosto de 2008 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, esta Corte dictó auto que declaró: ORDENA notificar a la ciudadana Hortencia Padrón, para que comparezca dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos su notificación, a fin de manifestar su interés en que sea sentenciada la presente causa, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional hará presumir de pleno derecho la pérdida sobrevenida del interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y el archivo del expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: que en virtud que en fecha 6 de febrero de 2012, se pasó a la Juez Ponente el presente asunto y en razón de haber transcurrido un tiempo considerable (más de 2 años), sin que la parte actora haya realizado actuación alguna en el expediente, esta Corte considera conveniente notificar a la ciudadana María Marilyn Castillo Castillo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, a fin de manifestar su interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 6/12/2010, por la Abogada Alida del Valle Rodríguez, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la parte querellada, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta en fecha 26/11/2010, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso por abstención o carencia interpuesto por la Abogada MARGARITA NASSANE, actuando con en su propio nombre y representación, contra el INSTITUTO NEOESPARTANO DE POLICÍA (INEPOL), 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, 3.-REVOCA, conociendo por consulta de ley, el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta en fecha 26/11/2010, el cual declaró Con Lugar el recurso por abstención o carencia y 4.- SIN LUGAR el recurso.

Esta Corte dictó auto mediante el cual ORDENA solicitar a la Oficina de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Zulia, con base en lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la remisión a este Órgano Jurisdiccional de copia certificada del expediente administrativo disciplinario del ciudadano Cliver Ramón Silva Ávila, titular de la cédula de identidad Nº 10.423.958, quien se desempeñaba en el cargo de Oficial Mayor, adscrito al Cuerpo Policial del estado Zulia, concediéndose el lapso de cinco (5) días de despacho, más ocho (8) días correspondientes al término de la distancia, contados a partir de la fecha que conste en el expediente el recibo de la notificación a que se refiere el presente auto. Igualmente, es necesario destacar, que la omisión o retardo de dicha documentación podrá ser sancionada, con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.).

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 13/07/2010, por el Abogado Alejandro Obelmejia La Torre, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO DEL ESTADO MIRANDA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 8/07/2010, la cual declaró Improcedente la solicitud de reposición, efectuada por la mencionada representación judicial en la demanda por daño moral interpuesta por los Abogados Yamili Capote Barrero, Juan Gilberto antes identificados, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la ciudadana CARMEN CRISANTA MONLOY DE ABREU contra dicha Alcaldía, 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 21 de marzo de 2012, por el Abogado Trino Odremán, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano DOUGLAS JOSÉ DANELO MAUCO, contra la sentencia dictada en fecha 15 de marzo de 2012, por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y FIRME el fallo apelado.