La Corte ordenó Notificar al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD, y a la ciudadana YOLANDA GARCÍA para que dentro de lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, de cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.

La Corte declaró ORDENA notificar a la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, para que dentro de lapso de cinco (5) días de despacho, más cinco (5) días continuos que se otorgan como término de la distancia contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, de cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión. Igualmente, se ordena notificar al ciudadano FRANCISCO ANTONIO HERRERA OROPEZA, a fin de que tenga conocimiento de dicho requerimiento, y de ser el caso, cuente con la oportunidad de impugnar la información que sea consignada, esto, dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos tal información, para lo cual se considera abierta la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de procedimiento Civil, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia antes señalada.

La Corte ordenó oficiar al Juzgado Superior Sexto Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines de que remita dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a la notificación del presente auto, remita a este Órgano Jurisdiccional el cómputo antes mencionado, por cuanto a juicio de esta Corte el mismo resulta indispensable para formarse un criterio de la situación sometida a su conocimiento y, en consecuencia, emitir una decisión ajustada a derecho.

La Corte declaró INTEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria interpuesta por la ciudadana CARMEN TERESA GOICOCHEA, titular de la cédula de identidad Nº 4.165.987, asistida por la abogada Judith Luces, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 82.094, de la sentencia N° 2010-00213 dictada por esta Corte en fecha 22 de febrero de 2010, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Carmen Teresa Goicochea, asistida por el abogado Luis Alberto Pérez Medina, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.391 contra MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.

La Corte, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por incumplimiento de contrato interpuesta por la abogada Irama Cárdenas, inscrita en el IPSA bajo el N° 120.107, actuando con el carácter de apoderada judicial de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO AMAZONAS, contra la sociedad mercantil PROYECTOS E INVERSIONES MARGARITA, C.A., y solidariamente contra SEGUROS ALTAMIRA, C.A., en su carácter de fiadora solidaria y principal pagadora de las obligaciones contraídas por la referida empresa. En consecuencia: 1.ORDENA LA EJECUCIÓN DE LA FIANZA DE ANTICIPO signada con el N° 082-0232, por tanto ORDENA a la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA, C.A., en su condición de fiadora y principal pagadora de la contratista PROYECTOS E INVERSIONES MARGARITA, C.A a REINTEGRAR la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 672.261,25)

La Corte declaró SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Omar Cárdenas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado 45.361, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano CRISANTO MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nro. 6.886.598, contra la decisión dictada en fecha 14 de septiembre de 2004, por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta por el referido ciudadano, contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMA la decisión apelada.

La Corte declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Rafael Badell Madrid y Camille Rieber Ricoy, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SEGUROS MERCANTIL C.A., contra la decisión S/N dictada en fecha 2 de agosto de 2004, por el Consejo Directivo del INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU), actual INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS).

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por los abogados Jorge Kiriakidis Longhi y Juan Pablo Livinialli, procediendo con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos GILDA E. PABÓN GUDIÑO y NELSON J. MEZERHANE G., en su condición de ex directores de la sociedad mercantil FEDERAL BANCO DE INVERSIÓN, C.A., contra la Resolución Nº 598.10 de fecha 1º de diciembre de 2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO.

La Corte dictó decisión mediante la cual declaró QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado en fecha 22 de noviembre de 2010, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el abogado Oscar Fermín Medina, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 883, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana DIANEY ALEJANDRA MÉDINA, titular de la cédula de identidad N° 14.049.925, contra el SERVICIO METROPOLITANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS (SERMAT). PROCEDENTE la consulta de Ley. REVOCA el fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 22 de noviembre de 2010. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial.

Este Órgano Jurisdiccional ordena, NOTIFICAR a la ciudadana Procuradora General de la República de la presente causa; a los efectos de la suspensión de la causa por el lapso de treinta (30) días continuos. Durante el referido lapso de treinta (30) días continuos la ciudadana Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, deberá manifestar la ratificación de la suspensión o su renuncia respecto del lapso restante.