En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano KELLY DAVID LUGO PÉREZ, debidamente asistido por la Abogada Gabriela Morales, contra la Decisión Nº 002 de fecha 1º de febrero de 2012, emanada del Consejo Disciplinario del CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C.), esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital para conocer del presente recurso; 2. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisión de la presente causa.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte: declara Su COMPETENCIA para conocer de la Consulta de ley del fallo; CONFIRMA el fallo consultado de conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de julio de 2011, por la Abogada Carmen Guaricuco, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano ALFREDO SIMÓN ROSARIO AMARISTA, contra la decisión dictada en fecha 12 de julio de 2011, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital mediante la cual declaró Inadmisible por Caducidad del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MUNICIPIO AUTÓNOMO INDEPENDENCIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. CONFIRMA en los términos expuestos en el presente fallo, la decisión dictada en fecha 12 de julio de 2011, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

En la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada conjuntamente en la demanda de nulidad incoada por el Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Rolineras Técnicas Rolitec, C.A., contra el acto denegatorio tácito del recurso de reconsideración ejercido contra el acto administrativo Nº PRE-VECO-GCP-015402, de fecha 13 de junio de 2011, dictado por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), esta Corte declara: 1.- Improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada; 2.- Ordena anexar copia certificada de la decisión a la pieza principal de la causa, contenida en el expediente judicial Nº AP42-G-2012-000511, así como el presente cuaderno separado.

En el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de la ciudadana María del Valle Grosso Rojas, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 29 de junio de 2006, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra el Instituto Autónomo de Policía del Municipio Baruta del estado Bolivariano de Miranda, esta Corte declara: 1.- Su Competencia para conocer el recurso de apelación interpuesto; 2. Sin Lugar el recurso; 3. Confirma el fallo apelado.

En el recurso de apelación ejercido en fecha 8 de junio de 2011, por el Abogado Lucindo Pérez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Aragua, contra la sentencia dictada en fecha 23 de mayo de 2011 por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Central, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Agustín Esteban Moíz Rojas, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación ejercido 2. Con Lugar la apelación interpuesta 3. Revoca el fallo apelado 4. Parcialmente Con Lugar el recurso interpuesto

En esta misma fecha, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesta por el Abogado Mario Mackenzie Melendez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana HORALIA URDANETA ÁLVAREZ, contra la sentencia de fecha 14 de abril de 2003, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual se declaró Sin Lugar la querella funcionarial interpuesta por la referida ciudadana contra EL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO LARA. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. FIRME el fallo apelado.

Esta Corte en atención a lo estatuido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de manera supletoria al presente caso por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; se declara la nulidad de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación, y en consecuencia, se repone la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en auto la última de las notificaciones de las partes, a los fines de continuar con el procedimiento de segunda instancia, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (aplicable rationae temporis).

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de junio de 2003, por el Abogado Rafael Pichardo, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del Banco Central de Venezuela, contra la decisión dictada en fecha 9 de junio de 2003, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los Abogados Ivor Mogollón Rojas y Jesús Mariotto Ortiz, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano JOSE AGUSTÍN MACERO LUNA, contra el Presidente del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, esta Corte dictó auto por medio de la cual solicitó: a la Oficina de Recursos Humanos del Banco Central de Venezuela, remita esta Corte: Copia certificada de documentos de carácter probatorio, incluyendo el Registro de Información de Cargos (RIC), donde se evidencien las características del cargo desempañado por el recurrente.

En el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Yajaira Pacheco, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la parte querellada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital de fecha 4 de noviembre de 2004, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Carlos Ramón Morales Quintero contra el Ministerio de Interior y Justicia hoy Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, esta Corte dictó auto por medio del cual solicitó: a la Oficina de Recursos Humanos del órgano querellado, para que en un lapso de cinco (5) días contados a partir de la fecha en que conste en el expediente el recibo de la notificación, remita a esta Corte cualquier documentación que evidencie fehacientemente las funciones ejercidas por el querellante.