Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en fecha 16 de mayo de 2011 por los abogados Lorena Lemos, Nelmarys Marrero, Penélope Rodríguez, Humberto Gamboa León y Katherin Yimaira Ramírez, actuando con el carácter de apoderados judiciales especiales de los ciudadanos Gabriela Pizzorni de Dorado y Maximilian Matalon Pizzorni, en su condición de únicos accionistas de la sociedad mercantil ITALBURSÁTIL CASA DE BOLSA, C.A., contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES.

Esta Corte Segunda de lo Conmtencioso Administrativo dictó decisión mediante la cual declaró: 1. COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano MAGDIEL TORRES, titular de la cédula de identidad Nº 13.786.334 asistido por el abogado Freddy Cordero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.471, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental el 4 de mayo de 2011, que declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta contra la UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UBV). 2. SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3. Se CONFIRMA la decisión dictada el 4 de mayo de 2011 dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental que declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Luis Alfonso Herrera Orellana, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C.A., contra la Resolución S/N de fecha 22 de febrero de 2008, emanada del por el INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU), hoy INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución S/N de fecha 27 de noviembre de 2006, por el cual se sancionó a la recurrente con multa por la cantidad de cien unidades tributarias (100 U.T.) 2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

En este sentido, cabe acotar que el conocimiento del presente recurso corresponde a este Órgano Jurisdiccional; en el mismo no se acumulan acciones que se excluyan mutuamente o con procedimientos incompatibles; no existe prohibición legal alguna para su admisión; no se evidencia la falta de algún documento fundamental para el análisis de la acción; el escrito recursivo no contiene conceptos ofensivos, irrespetuosos, ininteligibles o contradictorios; la recurrente ostenta suficiente interés o cualidad para la interposición del presente recurso y se encuentra debidamente representada, no hay cosa juzgada, no existe un recurso paralelo, y cumple con las indicaciones previstas en el 33 y 66 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, razón por las que esta Corte admite preliminarmente el recurso contencioso administrativo de abstención o carencia. Así se declara.

Esta Corte declara su COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley con motivo a la decisión de fecha 4 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por las abogadas Laura Capecci Doubain, Juana Antonia Hernáiz Landáez y María Virginia Francesa-Gherra, actuando con el carácter de apoderadas judiciales del ciudadano ADOLFO RAÚL TAYLHARDAT, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES EXTERIORES; y conociendo de la consulta CONFIRMA el fallo dictado.

En aras de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes y atención a lo contemplado en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de manera supletoria al presente caso por mandato expreso del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara la nulidad de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al auto emanado de este Órgano Jurisdiccional en fecha 8 de julio de 2008, y en consecuencia, se repone la causa al estado de iniciar la relación de la causa, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 91 y 92 ibidem . Así se decide.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó decisión mediante la cual declaró: 1. SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 11 de julio de 2008 por el abogado Antonio Bello Lozano Márquez, actuando con el carácter de apoderado judicial del Municipio Sucre del Estado Miranda, contra la sentencia de fecha 21 de abril de 2008 dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. REVOCA el fallo apelado. 4. CON LUGAR el recurso de nulidad ejercido, y en consecuencia: 4.1.- ANULA las resoluciones Nº 1.994 de fecha 19 de noviembre de 2003 y Nº 2.086 del 18 de agosto de 2005, en lo relativo al derrumbe de la reja instalada en la entrada de la indicada Urbanización, la cual seguirá subsistiendo. 4.2.- ORDENA a las autoridades del Municipio Sucre establezcan un horario razonable.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 27 de octubre de 2006, por la ciudadana Amanda Tineo de Ruiz, asistida por el abogado Heiser Nassef Ara, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 26 de septiembre de 2006, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano ANTONIO FRANCISCO FERREIRA, asistido por los abogados Amos Méndez Paolini y Efraín Medina Cabrera, contra el acto administrativo Nº 128/2003 dictado el 30 de diciembre de 2003, por el ALCALDE DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL ESTADO BOLÍVAR. 2.- SIN LUGAR el recurso de ape.....

Esta Corte declara que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por el abogado Alejandro Gallotti, actuando con el carácter de apoderado judicial del Estado Miranda, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 25 de mayo de 2009, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano TITO ARMANDO PÉREZ, contra la "GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA"; CON LUGAR la apelación incoada; REVOCA el fallo apelado; y SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido.

Esta Corte declara: 1. CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 2.- REVOCA la sentencia dictada el 27 de mayo de 2009, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental. 3. REPONE la presente causa al estado de que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental dicte decisión en relación a la oposición interpuesta por los abogados Ivonne Torrellas, Manuel Hurtado, Daneys Ramírez, Isabel Lara, Mariel Lista, Marynes Garelli, Héctor Fernández, Roquefélix Arvelo, Alfredo Salas y Andrés Graffe, en su carácter de apoderados judiciales de las empresas Inversiones Probonita C.A. y Promotora Onamar C.A. en fecha 29 de abril de 2009.