Esta Corte dictó decisión mediante la cual se declaró COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada el 14 de mayo de 2015, por el Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. CON LUGAR la apelación ejercida, ANULÓ la sentencia apelada. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, y en consecuencia declaró NULA la Resolución 024-2014 de fecha 27 de octubre de 2014, así como la NULIDAD PARCIAL del Oficio N° 162-2014 de fecha 4 de julio de 2014 ambos dictados por la Contraloría Interna del Municipio Rafael Guillermo Urdaneta. Se ORDENÓ el pago de la diferencia de sueldo que dejó de percibir la querellante, así como todos los sueldos y conceptos dejados de percibir desde la fecha de su remoción hasta la ejecución de la presente decisión. Se ORDENÓ la realización de una experticia complementaria del fallo.

Esta Corte dicto decisión mediante la cual declaró:1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Macario Manuel Betancourt Valdez, , actuando con el carácter de apoderado especial del estado Apure, contra la sentencia dictada por Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 23 de febrero de 2015, por el Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas.

Se dictó decisión mediente la cual esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesta por el ciudadano JOSÉ DAVID VILLALOBOS, titular de la cédula de identidad Nº 8.772.472, debidamente asistido por el Abogado Carlos Antonio Cunemo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 166.666, contra los Actos Administrativos de efectos particulares se detallan: Evaluación de Incapacidad Residual (Forma 14-08), de fecha 07 de octubre de 2014, emanada de la Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual, del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) y Dictamen Nº DNR-CN-15780-14PB, de fecha 18 de diciembre de 2014, emitido por el ciudadano Marvin Flores Presidente de la Comisión Nacional de Rehabilitación y Salud en el Trabajo del Instituto antes mencionado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual se declaró: COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Enrique Pérez Bermúdez , actuando en representación del ciudadano LUIS CARLOS LÓPEZ SOTILLO, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, , mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte recurrente. 3.- CONFIRMÓ la decisión apelada.

Esta Corte Segunda dictó decisión mediante la cual declaró que: NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 26 de octubre 2016, para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda de contenido patrimonial, interpuesta por la ASOCIACIÓN COOPERATIVA SOMOS EL PUEBLO, R.L., contra la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO TUY "FRANCISCO DE MIRANDA", S.A., (CORPOMIRANDA); Se plantea DE OFICIO LA REGULACIÓN DE COMPETENCIA y en consecuencia: Ordena REMITIR el presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

La CSCA declaró: 1.ACEPTA la competencia declinada en fecha 10 de febrero de 2016, por el Tribunal Superior Séptimo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de nulidad interpuesto por los Abogados Matías Pérez Irazábal, María Auxiliadora Jurado, Ricardo Antonio Jaramillo Roa, María Alejandra Castillo González y Grelis Marcano Quintero, antes identificados, actuando en su propio nombre y en su condición de miembros de la Junta Directiva del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial (COVAPI), contra el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI). 2. ORDENA REMITIR el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte a los fines de que se verifiquen las otras causales de inadmisibilidad de la presente demanda. 3.ORDENA al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, efectuar las notificaciones necesarias a las parte y abrir cuaderno separado correspondiente para tramitar la medida cautelar de suspensión de efectos.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano MANUEL ENRIQUE REYES PEÑA contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital de fecha 21 de julio de 2016, que declaró sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por el referido ciudadano contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y FIRME el fallo apelado.

Esta Corte dctó decisión mediante la cual declaró: 1.- COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por el abogado Rafael José Pérez Vargas, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN DESIDERIA ABAD DE GONZÁLEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 23 de diciembre de 2001, contra la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.). 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3.- En consecuencia, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación, dictado por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 23 de diciembre de 2001.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 28 de junio de 2016 por la abogada Ioana Elizabeth Tosato Romero, en su carácter de apoderada judicial de la parte querellada contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en fecha 29 de febrero de 2016, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUÍS ANTONIO COLMENARES LIMA, asistido por la abogada Aixa Alfonso Lárez, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL POLICÍA DE SAN DIEGO (IAMPOSAD) del estado Carabobo. 2- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3- ANULA la sentencia dictada. 4- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.