La Corte Segunda declara Improcedente la referida consulta y Ordena remitir el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con la finalidad de que efectúe las diligencias que sean necesarias a los fines de lograr la notificación del ciudadano Lorenzo Santana López Navas, y así resguardar su derecho a la defensa y a recurrir del fallo que le resultó adverso, en caso de que así lo considere necesario.

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara la nulidad parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 13 de agosto de 2010, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, y en consecuencia, repone la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio al lapso de fundamentación de la apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.

La Corte ORDENA notificar al el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA, para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir de la fecha en que conste en autos el recibo de las notificaciones a que se refiere el presente auto, de cumplimiento a lo solicitado en la presente decisión.

La Corte dictó decisión mediante la cual ORDENA la remisión inmediata de la presente causa al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del presente recurso, con prescindencia de la competencia, ya analizada previamente -mediante decisión Nº 2005-01992 del 14 de julio de 2005-, asimismo, de resultar admisible, se ordene la apertura del respectivo cuaderno separado a los fines de resolver acerca de la cautelar solicitada.

La Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por los abogados Pedro Antonio Sangrona Orta y José Amilcar Castillo, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Berta Ramona Herrera Jiménez contra la sentencia dictada en fecha 16 de julio de 2007, por el Juzgado Superior Primero Civil y Contencioso Administrativo de la Región Sur que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE; CON LUGAR la apelación interpuesta por los apoderados judiciales de la parte recurrente; REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Sur, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado; ORDENA la remisión del presente expediente al Tribunal de origen a los fines de que éste proceda a pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido.

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara la nulidad parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 2 de febrero de 2005, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, y en consecuencia, repone la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio al lapso de fundamentación a la apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por los abogados Rafael Chavero Gazdik y Marianela Villegas Salazar, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano EFRAIN ROSENFELD GELMAN, titular de la cédula de identidad Nº 3.150.621, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 115.10 de fecha 5 de marzo de 2010, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN).

La Corte dictó decisión mediante la cual declara: Su COMPETENCIA para conocer de la regulación de competencia planteada en fecha 14 de julio de 2010 por la parte demandante, contra la decisión dictada el 9 del mismo mes y año, mediante la cual el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo del Estado Zulia declaró su incompetencia para conocer la demanda de expropiación por causa de utilidad pública e interés social, ejercida por la Síndica Procuradora del MUNICIPIO VALMORE RODRÍGUEZ DEL ESTADO ZULIA, y ordenó remitir a un Juzgado con competencia en lo civil de la circunscripción judicial del Estado Zulia. SIN LUGAR la solicitud de regulación de competencia, y CONFIRMA lo declarado por el referido Juzgado.

La Corte dictó decisión mediante la cual ORDENA notificar al ciudadano Victor Manuel Márquez García así como al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en el expediente el recibo de la notificación, de cumplimiento a lo ordenado en el presente auto.

La Corte ORDENA la notificación del Instituto para la Defensa y de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), y de la empresa AUTO DEPOT, C.A., a los fines de que presenten la documentación solicitada por medio del presente auto, dentro del lapso señalado para ello. Asimismo, se ORDENA la notificación del ciudadano EUSEBIO RAMÓN SALAS, tercero interesado en la presente causa.