Se dictó decisión mediante la cual la Corte, ORDENA NOTIFICAR al ciudadano MANUEL RAMÓN RIVERO LÓPEZ, títular de la Cédula de Identidad Nº 8.570.230, para que exponga, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados una vez vencidos los siete (7) días continuos que se otorgan como término de la distancia, si conserva interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en la acción de amparo constitucional interpuesta. En caso de que no realice respuesta, dentro del plazo que fue fijado, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considerará la pérdida del interés en la acción de amparo constitucional interpuesta.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Efrain Andrés Dieligen Martínez, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ ANSELMI, contra la decisión dictada el 17 de abril de 2006, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLÍCIA DEL ESTADO MIRANDA. 2. DESISTIDO el mencionado recurso de apelación, en consecuencia, declara FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano LUIS MARIANO RODRÍGUEZ, contra la Resolución Nro. SPPLC/0020-2008 dictada el 3 de noviembre de 2008, por la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA. 2.- Se ANULÓ el punto previo del acto administrativo Nº SPPLC/0020-2008 dictado el 3 de noviembre de 2008, por PROCOMPETENCIA ÚNICAMENTE en la consideración relativa a que se "(...) evidencia la responsabilidad civil y penal en que ha incurrido el ciudadano Luis Mariano Rodríguez (..)". 3.- Se MANTIENE la orden de oficiar al Ministerio Público, a la Procuraduría General, y al Colegio de Abogados del Dtto. Capital a los fines de que estos entes inicien los procedimientos correspondientes (.) y se establezcan de ser el caso las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la abogada Ada Ortega Zamora, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República, mediante diligencia de fecha 25 de octubre de 2010, contra el fallo proferido por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 13 de agosto de 2010, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana CAROLINA SOJO HERNÁNDEZ, asistida por el Abogado León Benshimol Salamanca, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órganon de la ASAMBLEA NACIONAL; 2.- REVOCA el fallo apelado; 3.- Conociendo del fondo se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuestoen consecuencia: 3.1.- se ORDENA el pago de la diferencia correspondiente; 3.2.- Se ORDENA la realización de una experticia complementaria.

En virtud de los planteamientos precedentemente expuestos, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 2.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1. DESISTIDA la apelación ejercida el 15 de septiembre de 2003, interpuesta por la abogada Yamilet Hedrich Herrera, antes identificada, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano RAÚL EDUARDO MARTÍNEZ, contra la sentencia de fecha 4 de septiembre de 2003, dictada por Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial. 2. FIRME la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su INCOMPETENCIA para conocer de la demanda por ejecución de fianza conjuntamente con medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar, interpuesta por el abogado Alejandro Álvarez, inscrito en el Instituto de Previsión Social bajo el Nº 136.653, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas contra la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES MARABEY, C.A. y la empresa SEGUROS ÁVILA, C.A.; 2.- DECLINA la competencia en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con facultades de distribución, y se proceda de conformidad con la Ley.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el abogado José Rosalindo Median Bravo, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana NELLY JUDITH GARCÉS DE SALCEDO, contra el fallo proferido por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental de fecha 13 de agosto de 2007, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PALAVECINO DEL ESTADO LARA; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación; 3. FIRME el fallo proferido por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental de fecha 13 de agosto de 2007.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, por apoderados judiciales de la sociedad mercantil MARGARITA LAGUNAMAR, C.A., contra el acto administrativo dictado por el Consejo Directivo del INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU), hoy INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), en fecha 14 de marzo de 2007, que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la decisión S/N dictada por dicho Instituto el 10 de mayo de 2006, en la que se sancionó a la recurrente con multa de Mil Ochocientas Unidades Tributarias (1.800 U.T.) equivalente a Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta Bolívares Fuertes (Bs. 60.480,00).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de la apelación interpuesto por la abogada Belkis Figuera Carpio, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana BÉLGICA RAMOS DE BOLÍVAR, contra la sentencia de fecha 16 de julio de 2008, dictada por el Juzgado Superior Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, mediante la cual declaró INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el ESTADO GUÁRICO. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- Se ORDENA al mencionado Juzgado Superior dictar decisión de fondo correspondiente en su condición de Juez de primera instancia del presente recurso contencioso administrativo funcionarial.